*El gobierno debe aceptar ya el mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH, insisten.
Ciudad de México, 25 de abril de 2016. Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como de los asesinados y heridos valoraron hoy positivamente el trabajo del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), exigieron el cumplimiento de todas sus recomendaciones y líneas de investigación, reiteraron el pedido de hacer una investigación contra las autoridades que han obstaculizado la verdad y la justicia y apremiaron a que las autoridades acepten el mecanismo de seguimiento del caso tal y como lo formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, calificó el trabajo del GIEI como «Invaluable» y reiteró el llamado a que se implementen sus recomendaciones. Sin embargo, recalcó, «estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso. Hacemos un llamado al Gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto. También alentamos al Gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Iguala muestra el papel crucial que la cooperación internacional puede jugar para ayudar a los Estados a combatir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos».
Estados Unidos elogió el trabajo del GIEI y dijo confiar en que el Gobierno de México incorporará a su investigación los hallazgos de su último reporte. El portavoz del Departamento de Estado de EU, John Kirby, urgió una investigación completa y transparente sobre el ataque a los estudiantes en Iguala, Guerrero, y exhortó a la protección de sus familias.
Las madres y padres agradecieron la indudable contribución del GIEI en el esclarecimiento de tramos importantes de los hechos que no habían sido aclarados por las instituciones, así como en la consecución de un trato digno hacia ellos y no garantizado por las instituciones. En ese sentido, pidieron que la salida de las y los expertos de México no signifique un cese de la atención a la que tienen derecho, especialmente en cuanto a los jóvenes que resultaron heridos –Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano-, y remarcaron que ésta debe ser oportuna y a perpetuidad.
Las familias elevaron un fuerte reclamo hacia el presidente de la República por haber faltado a su palabra, pues en su encuentro de octubre de 2014 se comprometió a dar todas las condiciones para el trabajo del GIEI y no ocurrió así, como se confirmó en el informe presentado ayer por el grupo. En él se destaca la persistente negativa a permitir la entrevista a miembros del 27 Batallón del Ejército que fueron testigos excepcionales de los hechos, así como la fragmentación de la investigación y el impedimento para entrevistarse también con presuntos responsables ya detenidos, especialmente a partir de enero de este año, entre otras inconsistencias y omisiones.
El inmediato inicio de una investigación al interior de las instituciones encargadas de la impartición de justicia por las gravísimas e inaceptables irregularidades en la investigación fue otra de las exigencias de las familias de los normalistas. Siendo ya una demanda que tiene más de un año de formulada, fue reforzada por la difusión por parte del GIEI del video donde se ve al director de la Agencia de Investigación Criminal participando de actuaciones judiciales no consignadas en el expediente relativas a las bolsas con restos humanos en teoría halladas en el Río San Juan, entre los cuales se encontró el identificado como perteneciente a Alexander Mora Venancio.
Las familias insistieron en que se deben cumplir las recomendaciones hechas ayer por el GIEI en su informe, así como agotar las líneas de investigación sugeridas por el grupo. Para ello se deben contar con las declaraciones de todos los policías de Huitzuco involucrados, especialmente de su director –no localizable desde el día de los hechos-, el esclarecimiento de las responsabilidades de la policía estatal, la policía ministerial, la Policía Federal y el Ejército, ya sea por las omisiones o por la propia participación en la desaparición forzada y ataques a los estudiantes y civiles.
Ante las irregularidades en el expediente y la inminente salida del Grupo de Expertos, madres y padres urgieron a que autoridades del más alto nivel acepten un mecanismo de seguimiento del caso por parte de la CIDH en los términos en que lo expresó ayer el propio presidente de la Comisión, James Cavallaro. La representación legal de las familias informó que ya trasladó a la CIDH las características que esperan del mecanismo de seguimiento, entre ellas visitas periódicas a México, acceso a fuentes directas en la investigación, la participación de un integrante del GIEI y la conducción del propio Cavallaro, quien es relator de país para México.