*Al minimizar la gravedad del problema, el Secretario de la Defensa resta valor a la disculpa, resalta la organización.
Ciudad de México, 22 de abril de 2016. Si bien el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, actuó correctamente al ofrecer disculpas por la tortura contra una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, que fue exhibido en video, el gobierno debería reconocer que estos abusos tienen carácter generalizado y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia, consideró ayer Human Rights Watch .
En el discurso del general Cienfuegos, pronunciado el 16 de abril -14 meses después de los hechos de tortura- éste pidió a todos los miembros del Ejército que respetaran los derechos humanos, pero insistió en que se trató de un incidente aislado y que los “malos integrantes” de las fuerzas armadas “empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar”. Para HRW, este matiz restó valor a su mensaje pues se trata de un problema mucho más amplio. Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, consideró que “los soldados podrían fácilmente interpretar que el verdadero error no fue haber cometido el abuso, sino haber sido grabados mientras lo hacían”.
Human Rights Watch destacó también que lo habitual es que los casos de tortura queden impunes. “Si México pretende conseguir avances en la erradicación de la tortura, tendrá que reconocer primero la magnitud del problema”, sostuvo Wilkinson. “Todos los señalamientos de tortura, y no solo aquellos que se reproducen en las redes sociales, deben ser investigados exhaustivamente”.
Ayer, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aprehendió en Chalco, Estado de México, a la agente de la Policía Federal acusada de los actos de tortura. Los otros presuntos implicados son dos militares y dos agentes de la Policía Federal. Este martes, los dos federales fueron detenidos en la Ciudad de México, en tanto los soldados fueron notificados de la orden de aprehensión del Juzgado Quinto de Distrito en el Campo Militar 1, donde permanecen presos desde el año pasado por el delito de desobediencia previsto en el fuero de guerra.