*La voluntad de acabar con esta sistemática y grave violación a los derechos humanos se verá en la práctica, afirma durante visita a México.
Ciudad de México, 20 de abril de 2016. “El hecho de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haya reconocido públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente”, señaló ayer el relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, tras una reunión con senadores mexicanos de las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación.
Juan Méndez fue invitado para que emitiera sus opiniones respecto a la ley de tortura que elabora la cámara alta. El relator especial realizó una visita oficial a México en mayo de 2014; en marzo de 2015 presentó un informe en el que concluyó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Esto motivó el rechazo inmediato de las autoridades, quienes incluso desclaificaron al experto.
Ayer mismo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, también valoró que no es suficiente la disculpa del general secretario por la tortura videograbada contra una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y señaló que los implicados deben ser sancionado por la vía penal.
Estos pronunciamientos se suman a uno previo de Amnistía Internacional, que indicó que la disculpa pública del secretario es un primer paso pero no es suficiente para acabar con los abusos castrenses si no se acompaña de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas.
Un juez federal ordenó ayer la aprehensión de tres agentes de la Policía Federal y dos militares por la tortura cometida hace 14 meses. Dos de los elementos de la Policía Federal fueron detenidos ayer por la misma corporación y puestos a disposición de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR). A los dos militares implicados, que desde el año pasado se encuentran presos en el Campo Militar Número 1 procesados por el delito de desobediencia, los mandatos judiciales por tortura les serán cumplimentados en reclusión, de acuerdo con lo informado por la PGR. Personal de la Procuraduría acudió el fin de semana al penal femenil localizado en Morelos para tomar la declaración de la afectada Elvira Santibáñez Margarito, presa por portación de armas.