*México utiliza la detención arbitraria de personas para inhibir la defensa de derechos humanos, denuncian organizaciones.
Ciudad de México, 20 de abril de 2016. Damián Gallardo Martínez, Pedro Celestino Canché Herrera, Librado Jacinto Baños Rodríguez,Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García son cinco casos emblemáticos de defensoras y defensores de derechos humanos detenidos como parte de un patrón de criminalización de esta labor, cuyas situaciones merecieron el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, informaron ayer organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones destacaron que es inédito que el grupo de trabajo de la ONU haya emitido cinco opiniones oficiales por detención arbitraria e irregularidades en el proceso hacia un país en poco más de un año -en etse caso, de agosto de 2014 a diciembre de 2015. De las cinco opiniones, el Estado mexicano solo ha dado cumplimiento parcial a dos a través de la liberación de Nestora Salgado García y de Pedro Celestino Canché Herrera, sin que cese totalmente la persecución penal en contra de ambos defensores, informaron.
En los cinco casos, los activistas -defensores de derechos humanos o periodistas, mayormente indígenas- fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados por delitos fabricados; algunos fueron obligados a firmar confesiones bajo tortura y amenazas, y fueron enviados a penales de máxima seguridad en confinamiento solitario, además de que sufrieron agresiones de distintos agentes estatales, dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias.
Las organizaciones insistieron en que se trata de un patrón de criminalización de la protesta social en México, que fue resaltada por el Grupo de Trabajo de la ONU en su opinión relativa al caso de Nestora Salgado y que fue consignado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe de diciembre de 2015 sostuvo que “Las detenciones son utilizadas políticamente como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles”.
ARTICLE 19, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, el Comité de Familiares, Amigas y Amigos “Damián Gallardo Martínez”, el Comité Enrique Guerrero Aviña, Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura, Serapaz y la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades exigieron al Estado mexicano que en consonancia con sus compromisos internacionales, cumpla de forma integral las diversas recomendaciones contenidas en las opiniones, «mismas que deben redundar en la liberación inmediata de las tres personas defensoras de derechos humanos que continúan injusta y arbitrariamente detenidas (Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Jacinto Baños Rodríguez), así como en la adecuada reparación a la violaciones de derechos humanos sufridas».