*Llama la organización internacional a un ejercicio de rendición de cuentas y a terminar con el desempeño castrense de labores policicales.
Ciudad de México, 19 de abril de 2016. La disculpa pública del Secretario de la Defensa Nacional por la tortura contra una mujer cometida hace 14 meses en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, es un primer paso pero no es suficiente para acabar con los abusos castrenses si no se acompaña de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas, afirmó ayer Amnistía Internacional.
La organización internacional condenó que el discurso del gobierno mexicano se centrara en calificar que el episodio de tortura, grabado y difundido en video, es un hecho aislado cometido por personas que actuaban por su cuenta. «Es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia», llamó la organización.
AI consideró que la disculpa emitida por el general Salvador Cienfuegos debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México, así como una toma de responsabilidad inmediata del Estado en su conjunto.
Amnistía recordó que, al lado de organizaciones nacionales de derechos humanos, ha documentado casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas desde hace 20 años por las fuerzas armadas. Agregó que es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército.
Para finalizar, la organización llamó al gobierno de México aponer fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía por parte de las fuerzas armadas, pues «la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito no se combate con más delito».