*Los detenidos fueron trasladados a penales de máxima seguridad acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones.
Ciudad de México, 18 de abril de 2016. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó violaciones a derechos humanos contra los profesores que este 15 de abril protestaron en Chiapas contra la reforma educativa, lo que constituye «un patrón de represión y criminalización de la protesta social», sostuvo la organización.
Las violaciones, consistentes en uso desproporcionado de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tuvieron lugar en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo contra las manifestaciones convocadas por la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Mientra tanto, desde el pasado viernes por la tarde y hasta este domingo, en al menos 20 municipios de Chiapas, padres de familia y alumnos salieron a la calles para exigir la liberación de los 18 maestros detenidos, 10 hombres y 8 mujeres. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutérrez rechazó las acciones de violencia contra los maestros y pidió a las autoridades privilegiar el diálogo.
El Frayba señaló como responsables a elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal, «quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban», además de que lesionaron a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad. «Testimonios refieren que en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones policiacas incluyeron allanamiento a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimógenos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el Hospital de las Culturas, personas golpeadas incluso que no tenía nada que ver con las manifestaciones, vigilancia por parte de militares vestidos de civil e infiltración de grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación», detallaron. En Tuxtla Gutiérrez «hubo un número indeterminado de personas heridas y con crisis nerviosas», además de que en ambas localidades helicópteros de la Policía Federal sin matrícula lanzaron gases lacrimógenos.
En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas los elementos policiacos detuvieron «de manera arbitraria y con tratos crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad», al menos a 8 profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar entre las 10:00 horas y 12:00 horas, aunque no fue sino hasta las 23:00 horas que pudieron hacer las llamadas a las que tienen derecho. «Estuvieron más de 12 horas en incomunicación y se les permitió ver sólo por un lapso de 5 minutos cada quién e iban entrando de tres en tres, siendo la última visita que pudo tener contacto con su familiar a las 5:00 horas del día 16 de abril», abundó la organización.
En la mañana del día 16 de abril, las 18 personas del magisterio fueron trasladas en un avión Boing 727 Mat XC_MPF de la Policía Federal al penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit. Las y los docentes son acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, «delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación», insistió el Frayba, lo que violenta los derechos a la manifestación, asociación y reunión, pensamiento y expresión. También se vulneraron sus derechos a la integridad y seguridad personal y libertad personal, además del derecho al debido proceso legal.
«Los hechos referidos generan un patrón de la represión y criminalización de la protesta en Chiapas y el país, lo cual pone en riesgo a la población en general agredida de manera indiscriminada, siendo que a mujeres, niños y niñas se les violentan derechos específicos», recalcaron los defensores, que responsabilizaron de los hechos al Secretario de Gobierno estala, al gobernador de Chiapas, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, «a quienes Frayba había informado de la grave situación urgiendo a evitar eventos y/o daños que resulten de imposible reparación».
«Este Centro de Derechos Humanos exhorta al Estado mexicano para que: asuma la obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos; cese la represión y criminalización de la protesta social; garantice la vida, la integridad y seguridad personal de quienes ejercen su derecho legítimo a la libre manifestación; atienda de manera inmediata, eficaz, pronta, seria, exhaustiva e imparcial estos hechos sancionando a los responsables de las violaciones a derechos humanos descritas; y que libere de manera inmediata a las personas arbitrariamente detenidas e injustificadamente trasladadas acusadas de delitos fabricados como justificación de las acciones represivas», finalizó.