*Confirma CNDH información del GIEI: participaron más fuerzas de seguridad en la desaparición de los normalistas.
Ciudad de México, 15 de abril de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que el GIEI no puede seguir investigando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante la negativa del Gobierno mexicano, pero advirtió que seguirá el caso con un nuevo “mecanismo especial” hasta que se descubra la verdad.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó la negativa del Estado mexicano para renovar el mandato del grupo de expertos a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos. “Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo”, indicó.
Cavallaro sostuvo que no se abandonará el caso y que se evaluará la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría a la CIDH; alabó que el Grupo ha contribuido a reorientar la investigación y ha desmentido la verdad histórica.
Mientras tanto, ayer se reveló que al menos dos elementos de la Policía Federal y un número indeterminado de policías municipales de Huitzuco de Figueroa, Guerrero, habrían sido partícipes de la desaparición de entre 15 y 20 normalistas de Ayotzinapa que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 el 26 de septiembre de 2014, confirmó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con base en información de un testigo ajeno a grupos delictivos y a las policías; esta revelación coincide con lo dicho en septiembre de 2015 por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) y pone en duda las declaraciones de los probables responsables sobre las que la PGR construyó la llamada «verdad oficial».
Los funcionarios de la CNDH -el presidente Luis Raúl González Pérez y el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta- detallaron que el testigo se encuentra bajo protección de la PGR y sostuvieron que su testimonio coincide con pruebas contenidas en el expediente y con declaraciones de policías municipales de Iguala y del conductor del autobús.
El ómbudsman reconoció que dentro del grupo de normalistas desaparecidos en ese episodio -que tuvo lugar en el lugar conocido como Puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia, en la carretera Iguala Chilpancingo- se encontraría Alexander Mora Venancio, que fue identificado por la Universidad forense de Innsbruck a través de los restos que la PGR alega que fueron sacados de una bolsa de cenizas en el río San Juan (aunque los peritos argentinos han insistido en que no se puede asegurar la proveniencia de los bolsa).
La reconstrucción de los hechos presentada por el organismo oficial de derechos humanos indica que los agentes municipales atacaron el autobús a balazos hasta que le poncharon las llantas delanteras y la unidad se vio obligada a detenerse. Otra patrulla de la policía municipal de Iguala llegó en contraflujo para impedir un eventual escape. Los policías encapuchados obligaron a bajar a los estudiantes con el uso de gases lacrimógenos, piedras y ramas. Los normalistas fueron golpeados, esposados y arrojados al suelo. Un grupo fue subido a la patrulla de Iguala.
En ese momento, el testigo escuchó que los agentes municipales de Iguala hablaron de que llegarían los policías de de Huitzuco para llevar a los jóvenes ante «El Patrón» y que éste decidiera qué hacer con ellos.
En ese momento habrían llegado dos patrullas de la Policía Federal. Dos agentes preguntaron a los municipales de Iguala por lo que pasaba; estos contestaron que se habían «chingado» a un compañero y que los llevarían a Huitzuco ante «El Patrón», a lo que los federales habrían respondido que estaba bien. En una parte del episodio habría estado presente también un elemento militar, que supuestamente tomó fotografías y se alejó al ser descubierto por los municipales.
Los funcionarios de la CNDH detallaron que la conducta de los dos agentes de la PF va más allá de la omisión y hace suponer que conocían las actividades criminales y la identidad de «El Patrón».
La CNDH solicitó a la PGR que inicie una línea de investigación para aclarar lo que denominó una segunda ruta de desaparición de estudiantes normalistas, para lo cual emitió un total de 17 recomendaciones a esa dependencia, como que se ahonde en las declaraciones de los agentes municipales de Huitzuco y del militar presente, que vuelvan a declarar los agentes federales identificados por el testigo y recuperar los videos del Palacio de Justicia de Iguala. También se pidió ampliar la declaración ministerial del conductor del autobús y que el GIEI le entregue una copia de sus propias indagatorias para que ese organismo fortalezca sus pesquisas.
Por la tarde, la Comisión Nacional de Seguridad criticó que el informe de la CNDH no contenga nada nuevo para la investigación y afirmó que hasta el momento no hay responsabilidades en contra de los policías federales. Mientras tanto, la PGR confirmó que «estableció las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad (del testigo), así como la de su entorno familiar».
En su informe de septiembre, el GIEI informó que en la zona del Palacio de Justicia, el chofer del autobús atestiguó que mientras los policías bajaban del vehículo a los estudiantes, los golpeaban y los aventaban a las patrullas, uno le dijo que llegarían “los de Huitzuco”. El chofer señaló que los estudiantes subidos en las patrullas habrían sido llevados en dirección a Huitzuco, es decir en dirección contraria a Iguala. Todos están desaparecidos.
El GIEI detalló que hay testimonios de que en este episodio estuvieron presentes también policías estatales, ministeriales y elementos del Ejército.