Sociedad civil resiste en Xochicuautla e Higa se niega a detener las demoliciones ilegales

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*Se rompe el diálogo prometido para hoy; la empresa se negó a acatar los amparos y exigió que el diálogo fuera bajo la protección del gobierno del Estado de México. 

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Ciudad de México, 13 de abril de 2016. En San Francisco Xochicuautla, Estado de México, se espera la llegada hoy de dos actores distintos: la sociedad civil, que ya se organiza para apoyar la defensa del territorio ñathó; y las fuerza pública que protege a la constructora de Grupo Higa, que anunció que no detendrá las ilegales demoliciones que comenzaron ayer para abrir paso a la carretera de cuota Toluca-Lerma, a pesar de la existencia de resoluciones judiciales que ordenaron su suspensión definitiva. Hasta las 12 del día había más de dos centenares de personas solidarias y no se reportaba todavía el anunciado movimiento mayor de máquinas ni de granaderos.

Desde el 11 de abril y a pesar de que la comunidad ganó los amparos 1117/2015 y 1123/2015, que ordenaron la suspensión definitiva de la construcción, centenares de granaderos y personal del gobierno estatal mexiquense allanaron las tierras comunitarias y protegieron los trabajos de derribo de viviendas realizados por la empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido señalado como contratista favorecido por el presidente Enrique Peña Nieto.

Habitantes de Xochicuautla se atrincheraron ayer en la capilla de entrada a su bosque sagrado para impedir su demolición, mientras se reportaba que los trabajadores de la empresa y la fuerza pública derribaban viviendas sin orden judicial y quemaban árboles del Gran Bosque de Agua, que recarga los mantos acuíferos que abastecen en gran parte a la Ciudad de México.

Por la noche se conoció que debido a la presión social, se pactó una mesa de diálogo para hoy a las 12 del día en el Distrito Federal bajo el compromiso de que Higa respetara la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos. Sin embargo, el corporativo propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú reculó en su oferta de detener las máquinas y anunció que regresaría al bosque; además, asumió la postura intransigente para que la mesa de diálogo se instale en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, extremo que los comuneros rechazaron pues denuncian que el propio gobierno estatal los ha criminalizado. Los defensores del territorio entablaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esperan que en breve la CNDH tenga lista la recomendación correspondiente y que la oficina del Alto Comisionado de la ONU tome acciones y decisiones tras constatar la violación a los derechos humanos de los habitantes, reportó Proceso.

Integrantes de la Campaña por la Defensa de la Madre Tierra -178 comunidades y organizaciones- anunciaron que realizarán una valla humana en torno al trazo de la carretera hasta el retiro de la maquinaria. En el lugar ya se encuentran normalistas michoacanos.

Los representantes comunales explicaron que la irrupción violenta la suspensión definitiva de la obra dictada los días 11 y 18 de febrero por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. En la incursión de antier fueron heridos decenas de comuneros, entre ellos algunos ancianos, como Isabel Bernaldez, de entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías arrastraron.

La carretera de pago afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho, que dificultará a los habitantes del lugar el libre tránsito, la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados. Además, el bosque Otomí-Mexica es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del Río San Lorenzo. La comunidad indígenas logró anular las asambleas que permitieron la venta y expropiación de algunas parcelas; ante esto y en diversas ocasiones, la fuerza pública ha hecho presencia en el lugar para proteger la ilegal tala de árboles hecha por los trabajadores de la empresa.