*Grupo Higa derriba casas de comuneros para construir autopista;organizaciones sociales repudian la ilegalidad.
Ciudad de México, 12 de abril de 2016. A pesar de que la comunidad ñathó de San Francisco Xochicuautla ganó los amparos 1117/2015 y 1123/2015, que ordenaron la suspensión definitiva de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, ayer ochocientos granaderos y personal del gobierno estatal mexiquense allanaron las tierras comunitarias y protegieron los trabajos de derribo de viviendas realizados por Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido señalado como contratista favorecido por el presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy se reporta nuevamente la presencia de granaderos y un ambiente de tensión.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) condenó los ataques, que incluyeron que una persona beneficiaria del Mecanismo de protección a activistas y periodistas fue agredida y despojada del botón de pánico otorgado por el ese mecanismo. El Frente recordó que la comunidad ha resistido pacíficamente al despojo de sus tierras y sostuvo que este tipo de acciones evidencian un acto de uso desproporcionado de la fuerza y una clara afrenta a la legalidad por parte de las autoridades.
Los representantes comunales explicaron que la irrupción violenta la suspensión definitiva de la obra dictada los días 11 y 18 de febrero por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. En la incursión de ayer fueron heridos decenas de comuneros, entre ellos algunos ancianos, como Isabel Bernaldez, de entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías arrastraron. Además no se notificó a los propietarios de las casas demolidas ni se les permitió extraer sus pertenencias y documentos.
La carretera de pago, concesionada al polémico Grupo Higa del contratista Juan Armando Cantú, afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho, que dificultará a los habitantes del lugar el libre tránsito, la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados. Además, el bosque Otomí-Mexica es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del Río San Lorenzo.
La comunidad indígenas logró anular las asambleas que permitieron la venta y expropiación de algunas parcelas; ante esto y en diversas ocasiones, la fuerza pública ha hecho presencia en el lugar para proteger la ilegal tala de árboles hecha por los trabajadores de la empresa.