Impide gobierno de Chihuahua que forenses argentinos participen en identificación de restos en fosas clandestinas

*Familiares de víctimas y organizacionesreiteran que su confianza solamente está en el EAAF. 

chrome_2016-04-08_10-54-09Ciudad de México, 8 de abril de 2016. Familiares de víctimas de desaparición forzadas en el estado de Chihuahua, el  Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y Amnistía Internacional denunciaron que el gobierno estatal impide que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) indetifique restos hallados en las fosas clandestinas de la entidad. 

Las familias recordaron que la Ley General de Víctimas les permite nombrar peritos independientes de su confianza, y que desde el año 2011 pidieron la intervención del EAAF para identificar restos calcinados que se encontraron en tres fosas clandestinas en Rancho Dolores, Ciudad Cuauhtémoc; el Mortero, Municipio de Cusihuiriachi; y Brecha el Porvenir, Municipio de Carichí. Sin embargo, denunciaron,  ministerios públicos y policías han estado presionando a las familias exigiendo que firmen la autorización para que sea la Fiscalía quien haga el procesamiento de estos restos, con la amenaza de que no se investigarán los casos si no acceden a ello.

«Ahora el Gobierno de Chihuahua dice que las familias confiamos en ellos y la Fiscalía quiere procesar los restos quemados, sin contar con la tecnología adecuada», lamentaron. Aunque las familias y las organizaciones lograron una suspensión provisional de juzgados federales y  medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impedir que la Fiscalía procese los restos, «ahora vemos con preocupación que el gobierno de Chihuahua continúa con su pretensión de seguir adelante aún en contra de la voluntad de las familias», alertaron.

Para los familiares de víctimas, la participación del EAAF es indispensable porque su vasta experiencia y prestigio internacional les garantiza certeza. Reconocieron también la relación «directa, veraz y respetuosa» que los científicos establecen con las familias, su conocimiento integral de los casos, su uso de tecnología de nueva generación, y porque entregan los resultados y los explican a las víctimas y sus representantes, respetan la decisión de las y los familiares de ver los restos y los acompañan.

Las organizaciones informaron que en el estado de Chihuahua, según cifras oficiales, existen 1 698  personas desaparecidas, «pero hay un enorme subregistro debido a que las familias no pueden denunciar por el temor, la colusión del crimen organizado con la policía y otras autoridades».