*Continuarán su trabajo; los objetivos de su misión no se han alcanzado cabalmente, precisan.
Ciudad de México, 7 de abril de 2016. La decisión de altas autoridades del Gobierno Federal de utilizar políticamente partes de un informe preliminar y que no responde las preguntas básicas sobre la posibilidad de quema masiva de cuerpos en el basurero de Cocula la noche de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa muestra irresponsabilidad y poco respeto por el derecho a la verdad de las víctimas, de México y del mundo entero, además de revictimizar a las familias. señalaron ayer integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar el caso Ayotzinapa. «El Grupo no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito», indicó el Grupo, que pidió a la PGR la realización de una reunión con todos los peritos de fuego para aclarar lo sucedido.
En cuanto a la afirmación del vocero de los peritos Ricardo Torres sobre la quema en el lugar de 17 personas, el GIEI aclaró que desde hace tiempo se sabe que hay restos humanos en el Basurero de Cocula, que al menos uno no corresponde a los normalistas y que el esclarecimiento del tema vendrá de un análisis conjunto de diversos tipos de evidencia y no de datos aislados.
El GIEI recordó que la iniciativa de realizar este peritaje fue de la PGR y el Grupo aceptó participar bajo acuerdos firmados primero en Washington y luego en México. Estos incluían la petición a los peritos de fuego de un informe conclusivo, en base al consenso y con la posibilidad de que, si no existía tal, se señalasen las opiniones discrepantes. También se incluyó un acuerdo de consenso para el manejo del proceso entre el GIEI y la PGR.
El acuerdo con los peritos era que entregarían un informe conclusivo el 31 de marzo y no había ningún acuerdo para hacer una comunicación pública inmediata, indicó el GIEI. Tanto PGR como el GIEI hablaron de la posibilidad de hacer una comunicación pública en el sentido de que se recibiría el documento y se examinaría. Al mediodía del 31 de marzo, las partes recibieron un documento preliminar que no respondía a las preguntas centrales planteadas en los objetivos del peritaje.
El GIEI detalló que la PGR decidió, unilateralmente y encontra de la opinión del Grupo, realizar una conferencia de prensa a la que había convocado incluso desde antes de recibir el documento preliminar sin que se informara de esta convocatoria ni del mensaje a los expertos de la CIDH ni antes ni después de la reunión con PGR para recibir el documento.
Las y los expertos habían propuesto que cualquier mensaje que se diera fuera elaborado por consenso de todos los peritos, conocido y analizado por PGR y por GIEI y con una previa reunión con los familiares de los normalistas. Sin embargo, la PGR les comentó de forma verbal que el mensaje era para decir que no se había podido determinar si era posible o no la quema de los 43 normalistas y que se necesitaban estudios experimentales para valorar la dinámica del fuego y la necesidad de cantidad de combustible para la quema de varios cuerpos, lo que finalmente no ocurrió. El GIEI no consideró viable esto, y reiteró que antes de salir públicamente era necesario que las partes estudiaran el documento del que se hacía entrega.
«Durante este proceso de diálogo, hubo consulta permanente con la procuradora y con alguien más que desconocemos quién es. Al final, cuando parecía que teníamos consenso de no salir en ese momento, se nos indicó que la decisión era que el Sr. Ricardo Torres saliera públicamente. Expresamos al subprocurador Sr. Eber Betanzos nuestra incredulidad de lo que estaba pasando, nuestro rechazo y consternación por lo que eso suponía de ruptura del consenso, de la confianza en el diálogo mantenido y el impacto que iba a tener para la credibilidad, el respeto por los acuerdos y sobre todo para los familiares. Ninguna de estas cuestiones fue escuchada, la PGR tomó una decisión unilateral, y el Sr. Ricardo Torres y el subprocurador Betanzos salieron públicamente sabiendo nuestra postura contraria», relataron los expertos de la CIDH.
Además de reiterar que el informe entregado por los peritos no es conclusivo, no se sabe si es consenso de los estudiosos y no responde a las preguntas planteadas -ellos mismos dijeron que necesitarían nuevos estudios-, el haberlo comunicado públicamente con valoraciones genéricas, sin datos concretos y sin antes informarle a las víctimas afecta las medidas de confianza sin las cuales «no hay credibilidad y no hay posibilidad de trabajo en común», puntualizaron los expertos. Además, los peritos se negaron a informar al GIEI de las discrepancias en los estudios alegando que firmaron un acuerdo de confidencialidad permanente, que el GIEI considera que no debe afectar al Grupo por ser parte del acuerdo de colaboración. «Mientras, se han dado filtraciones de la PGR de la existencia de 2 votos particulares y de discrepancias entre dos peritos. Todo ello supone una violación no sólo de la confidencialidad del acuerdo, sino del propio grupo de peritos entre sí. Hecho grave cuando el propio GIEI ni siquiera tiene información sobre ello», puntualizaron.
«Quien ha tomado esa decisión ha contribuido de forma determinante al quiebre de la confianza y ha supuesto un nuevo impacto en los familiares. El derecho a saber de las víctimas es el primer objetivo de este trabajo y el modo en cómo se ha conducido este proceso ha aumentado su malestar, vulnerabilidad e incertidumbre», lamentó el GIEI, y agregó que «el reciente anuncio público de que se van a traer resultados genéticos del Instituto de Innsbruck llevado a cabo dos días después de esta comunicación, ha extendido la preocupación entre los familiares sobre la conexión en el tiempo entre estos dos casos».
Las y los expertos insistieron en que el informe preliminar, cuyo contenido se recoge en dos páginas y media, señala en su apartado final de Recomendaciones para nuevas pruebas cuestiones que precisamente son las únicas que podrían llevar a conclusiones serias y responsables y que no se han realizado, por lo que «no hay respuestas a las preguntas señaladas en los objetivos del peritaje: cuestiones tales como cantidad de energía que se necesita para la combustión de cuerpos humanos a la intemperie; determinar el mínimo de madera suficiente para sustentar un fuego de suficiente calor para cremar un cuerpo en esas circunstancias; determinar la contribución adicional de llantas y plástico y otros elementos que pudiera haber en el basurero; o validar si una pira como la señalada puede cremar una parte significativa de un cuerpo. Todas esas cuestiones son los aspectos centrales que se les pidió al grupo y que no tienen aún una respuesta».
El GIEI anunció que se centrará en el informe, el trabajo con las víctimas y la revisión final del expediente, así como en la ley de desaparición de personas, y que no seguirá trabajando con la PGR en el peritaje del basurero. «Nuestro futuro informe tratará de ser una contribución efectiva para los familiares y para México, no una herramienta para generar más polarización, sino para que se den las necesarias transformaciones que México necesita: en el sistema de investigación y lucha contra la impunidad, en la atención a las víctimas y en la búsqueda de los desaparecidos», prometieron.
Finamente, denunciaron la existencia de sectores que quieren bloquear la investigación, centrar la discusión de nuevo en el basurero, fragmentar el expediente, obviar las otras líneas de investigación o incluso tratar de dar por cerrado el caso.
«Para que hechos como éste no se den nunca más, hemos alertado a las más altas autoridades de México de los cambios estructurales que se necesitan. Incluyendo el cambio en las mentalidades. El ejemplo de lo sucedido en estos días muestra una de las caras de lo que tiene que cambiar», finalizaron.
Ayer, seis organizaciones de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación «por las recientes expresiones de una política de descrédito y hostilidad propiciada o en muchos casos tolerada por el gobierno mexicano en contra de la CIDH y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México». CELS, DPLF, DEJUSTICIA, CONECTAS, FUNDAR e IDL hicieron un llamado a que el gobierno mexicano adopte una política que facilite y propicie el trabajo independiente y en condiciones de seguridad de quienes defienden los derechos humanos.