*Las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa ya habían solicitado una prórroga más del mandato.
Ciudad de México, 30 de marzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó ayer «categóricamente» la campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo de la propia Comisión, Emilio Alvarez Icaza Longoria, que llegó incluso al inicio de una averiguación previa iniciada por un presunto delito de fraude een relación con el trabajo del GIEI. La Comisión reiteró su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos.
También ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que no habrá una nueva prórroga a la labor del GIEI, e incluso se aventuró a exigir que apresuren sus labores y a afirmar que su trabajo no difiere del hecho por la Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, declaró que sólo se trata de una posición política del secretario Osorio Chong, pues el mandato del GIEI y una posible prórroga tienen que acordarse entre la CIDH, el Gobierno federal y los representantes de las víctimas.
En cuanto a la denuncia «temeraria e infundada» contra Álvarez Icaza, la CIDH precisó que éste actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, y que los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertas que constituyen el GIEI.
La CIDH recordó que el informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales, y que en particular cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. «Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso», resaltó.
«La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH», finalizó. .