*Permite el uso desmedido de la fuerza y quita responsabilidad en los abusos a los mandos superiores.
Ciudad de México, 29 de marzo. «Eruviel será derrotado en términos legales, políticos y pacíficos por los pueblos que representan las resistencias más dignas» en el Estado de México, afirmaron ayer 14 comunidades y organizaciones sociales locales, que se pronunciaron contra la “Ley que regula el uso de la fuerza pública”, promovida por el gobernador priista Eruviel Ávila y aprobada por diputados locales.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y representantes de las comunidades de Xochicuautla y Coyotepec, así como profesores contra la reforma educativa, anunciaron que iniciarán una jornada civil y pacífica, incluyendo una lluvia de amparos, para derrotar la ley, que permite a las policías estatal o municipales a intervenir cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta, lo que legalizará el uso desmedido de la fuerza, incluso la letal, informaron.
La «Ley Eruviel» permite el uso de artefactos como esposas rígidas y armas de fuego contra manifestantes, así como espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados. En caso de abusos policiacos exime de responsabilidad al gobernador y alcaldes, y la delega a los mandos operativos. Además, el uso de las atribuciones contenidas en esta ley queda a discreción de los policías que, como remarcaron las organizaciones, no son los más capacitados.
«Los diputados y diputadas locales montaron un andamiaje perfecto para la impunidad», reclamaron las organizaciones agrupadas en «El Fuego de la Digna Resistencia», y destacaron el contexto del Estado de México, con una alta incidencia de inseguridad, feminicidios y proyectos de despojo territorial contra pueblos indígenas.
La preparación y aprobación de la ley, concretada el 17 de marzo pasado, se dio en la total opacidad, reclamaron las agrupaciones. Adelantaron que acudirán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigirles que promuevan una acción de inconstitucionalidad debido a que la norma violenta garantías constitucionales.
Las organizaciones anunciaron movilizaciones y una campaña informativa.