*La libertad de Nestora muestra con toda contundencia cómo todos los delitos que se les imputaron a los 30 comunitarios presos fueron más por consigna política.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 24 de marzo. “Como esposa de Arturo Campos este día 18 de marzo es muy importante para todas las compañeras de los presos de la CRAC. La libertad de nuestra compañera Nestora nos viene a dar más fuerza. A pesar de que el gobierno nos ataca porque somos indígenas, porque somos pobres, nuestra dignidad no la perdemos y tampoco nos desanimamos para dejar la lucha. Nuestros compañeros de la CRAC están encarcelados injustamente. A pesar de que los abogados han presentado pruebas de su inocencia, el gobierno no deja de acusarlos como delincuentes”.
Agustina García, madre de seis hijos, compañera de Arturo Campos, no solo ha tenido que vencer la barrera del idioma, sino que a brazo partido, ha trabajado en el campo y hace tortillas para sostener a sus hijos. Desde que Arturo fue nombrado en el año 2000 como secretario de la organización independiente de los pueblos mixtecos y tlapanecos, Agustina se vio obligada a salir de la comunidad na savi de San Felipe, municipio de Ayutla. Enfrentó con su esposo una vida plagada de carencias y muchos riesgos.
En Ayutla de los Libres la delincuencia tomó el control de la cabecera municipal y se encargó de realizar el trabajo sucio a las autoridades municipales. Esta crisis de seguridad y tanta permisividad del gobierno obligó a que la misma población se organizara y asumiera la defensa de sus comunidades. La experiencia exitosa de la Policía Comunitaria en la Costa Montaña fue un modelo de seguridad alternativo que sirvió de inspiración para las comunidades na savi de Ayutla. Arturo fue uno de los principales promotores para que compañeros de la CRAC de San Luis Acatlán dieran a conocer el funcionamiento de la policía comunitaria. Fue el 22 diciembre de 2012, en una asamblea realizada en la Concordia, cuando se acordó la creación de la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. En esa reunión Arturo quedó como uno de los consejeros más visibles de la CRAC de Ayutla.
Arturo no se arredró ante las amenazas proferidas por los grupos de la delincuencia que tenían el control de la cabecera municipal y de varias comunidades de otros municipios. No sólo era armarse de valor para enfrentar al crimen organizado, sino tener que lidiar con el ejército que se empeñó en impedir que los grupos de la comunitaria se desplazaran a otras localidades para realizar operativos conjuntos. En este intento por desarmar a la comunitaria y de someter al movimiento de autodefensas comunitarias se desencadenó un embate contra los representantes más visibles de la CRAC. La detención de Nestora Salgado y más de 30 policías comunitarios de la casa de El Paraíso marcó la persecución encarnizada de los líderes comunitarios. Se alentó desde el mismo gobierno del estado la división y el desconocimiento de los grupos y las casas de justicia que resultaban incómodas para el gobernador defenestrado Ángel Aguirre Rivero.
Gonzalo Molina, un luchador ejemplar de amplia trayectoria, abrazó la lucha del pueblo que había caído en las garras del crimen organizado. La corrupción imperante y la complicidad de los gobernantes con la delincuencia organizada, así como el nulo acceso a la justicia, orillaron a Gonzalo a promover la creación de la policía comunitaria en la tierra de Vicente Guerrero. Su determinación para hacer valer los derechos del pueblo y su profundo sentido de solidaridad ante los desastres naturales fueron causa de mayor animadversión de las autoridades civiles y militares. Con toda la intención de desacreditar su trayectoria el gobierno del estado lo hizo aparecer ante la opinión pública como terrorista. Esta acusación tuvo como finalidad justificar su traslado a un penal de alta seguridad de Oaxaca, para posteriormente encerrarlo en el penal de Almoloya.
Arturo Campos, Gonzalo Molina y Nestora Salgado fueron catalogados como los líderes radicales de la CRAC y fueron a quienes pusieron en la mirilla tanto el gobernador como el mismo ejército. No les importó respetar todo el proceso organizativo y legal de la CRAC, mucho menos atendieron el marco jurídico que los respalda. Prevaleció la consigna política y el uso de la fuerza para arremeter contra ellos y refundirlos en penales de alta seguridad. Se violentó el debido proceso y se les impuso un castigo como delincuentes consumados para generar temor entre la misma organización y alentar la fractura interna del sistema.
La libertad de Nestora muestra con toda contundencia cómo todos los delitos que se les imputaron fueron más por consigna política. Los delitos de secuestro son los mismos delitos que enfrentan los indígenas Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Ambrocio, Florentino García, Benito Morales y Arturo Campos. El joven Samuel Ramírez de Zitlaltepec, enfrenta un proceso por portación de armas y a Gonzalo Molina no solo le endilgan el delito de terrorismo, también de robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones.
En las autoridades hay una obstinación de mantenerlos encerrados como una forma de desacreditar esta lucha legítima de los pueblos indígenas, que están contribuyendo con las tareas de seguridad que el gobierno no ha podido y ha sucumbido ante la delincuencia. Por eso hoy más que nunca el llamado que hizo la comandanta Nestora el día que recuperó su libertad se vuelve una demanda urgente que el gobernador Astudillo no puede ignorar. Tiene que replantear esta estrategia de persecución y criminalización de los policías comunitarios y uno de los pasos importantes es reconocer y reivindicar a los presos de la CRAC como autoridades comunitarias y en consecuencia, impulsar dentro de sus facultades el otorgamiento de su libertad.
*Extracto de un artículo de opinión de Tlachinollan. Para leer la versión completa, da click aquí.