*Exigen al gobierno garantizar la labor de defensores y abogados.
Ciudad de México, 16 de marzo. Decenas de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos rechazaron las acusaciones de María Isabel Miranda de Wallace contra el Relator sobre la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, y contra otras personas defensoras.
Miranda de Wallace acusó en días pasados que el relator Juan Méndez y una serie de reconocidos defensores de derechos humanos tendrían una red de complicidades para lucrar con la liberación de criminales con base en acusaciones por tortura.
Las organizaciones sostuvieron que las acusaciones de María Isabel Miranda de Wallace denuestan el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, y reiteraron su apoyo y reconocimiento al trabajo «serio, profesional, ético y metódico» del actual relator especial Juan Méndez, «quien es un abogado y catedrático que luchó contra la dictadura argentina y que fue apresado por ello, ha sido director de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y ha integrado diversas instancias de protección de derechos humanos. Por todo ello Juan Méndez goza de prestigio y reconocimiento internacionales».
Las y los firmantes de la carta recordaron que, «frente a la campaña que ha desarrollado la señora Wallace a lo largo de los años contra defensoras y defensores de derechos humanos», existen obligaciones específicas de los Estados de garantizar el trabajo de abogados y abogadas, así como de personas defensoras de derechos humanos, y consideraron preciso que el mismo Estado lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
“Hoy más que nunca es fundamental que las discusiones y propuestas se centren en políticas, leyes y medidas que hagan que nuestro país finalmente sea un lugar en el que los derechos humanos sean una realidad: que se respeten, protejan y promuevan en el espíritu previsto en el artículo 1º Constitucional y los más altos estándares de derechos humanos. Lamentamos las declaraciones realizadas por la Sra. María Isabel Miranda de Wallace y exigimos a las autoridades del Estado mexicano cumplan con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas y que tome las medidas necesarias para garantizar esta labor”, insistieron.
El día de ayer, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que la descalificación en contra de los defensores civiles y organismos nacionales e internacionales en la materia no contribuye a la solución de los problemas, pues “distrae la atención de donde debería de estar, que es la necesidad de que la autoridad haga bien su trabajo, y lo haga conforme a derecho y respetando la dignidad de las personas”.