*Que los militares y marinos implicados en graves violaciones a derechos humanos sean presentados ante las instancias civiles de justicia no es una concesión graciosa, sino una obligación ineludible.
Ciudad de México, 15 de marzo. En días recientes, se ha dado a conocer que algunos elementos de las Fuerzas Armadas han sido formalmente imputados por graves violaciones a derechos humanos. Por un lado, el Ejército puso a disposición del ministerio público a uno de sus elementos por la desaparición y posterior ejecución de un joven en Tierra Blanca, Veracruz. Por otro lado, la Marina puso a disposición de un Juez Federal a cinco de sus elementos, luego de que se les ejercitara acción penal por la desaparición de un joven en Colombia, Nuevo León, sucedida en 2013.
Estos casos, junto con otros que han sido denunciados recientemente como el de la desaparición de varios jóvenes en La Calera, Zacatecas, confirman que -como lo han denunciado la sociedad civil y las víctimas desde hace años- la participación de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su mandato constitucional ha redundado en un aumento y agravamiento de las violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos.
Paradójicamente, en vez de que la documentación de estos casos repercuta en una discusión más amplia sobre las consecuencias de la militarización de la seguridad, las Fuerzas Armadas y sus voceros pronto han buscado capitalizar a su favor estos dramáticos casos. Aducen que estos casos recientes y su procesamiento demostrarían el compromiso de las Fuerzas Armadas con la rendición de cuentas e incluso confirmarían la efectividad de la justicia militar frente a las deficiencias de la justicia civil.
Nada más lejos de la realidad. La comprobada participación de elementos de las Fuerzas Armadas en casos de desaparición forzada no puede ser empleada como muestra de que el estamento castrense se encuentra comprometido con los derechos humanos. Por el contrario, la reiteración de un patrón de actuación común en estos casos, debería alertar sobre la manera en que tales prácticas se han instalado y arraigado en las Fuerzas Armadas. El compromiso espontáneo con la rendición de cuentas tampoco es un aspecto que refleje nítidamente la actuación militar en ambos casos. En el caso de Tierra Blanca, fue la denuncia pública de los familiares, que contaban incluso con fotografías irrefutables para documentar la implicación militar en la desaparición, lo que orilló al Ejército a aceptar una investigación. En el caso de Colombia, Nuevo León, fue la denuncia sostenida por los familiares de la víctima y la organización de derechos humanos que les representa lo que empujó a la Marina a hacer lo propio. Y es que en ausencia de denuncias públicas, profusamente recogidas en los medios de comunicación, difícilmente se habría avanzado en la investigación.
En ese mismo sentido, la reivindicación del fuero militar a partir de su actuación en estos casos supone una tergiversación de la realidad que tiende a ignorar el avance que significó la reforma de 2014 en esta materia. Como se sabe, a partir de ese año los casos de violaciones a derechos humanos donde un civil es víctima no deben ser ventilados en instancias militares sino en instancias civiles. Si bien la reforma fue incompleta, pues quedaron pendientes aspectos como extender esta modificación para todas las violaciones a derechos humanos -incluyendo aquellos casos donde la víctima es un militar- o bien como la restricción de la intervención inicial de las instancias militares de justicia para evitar la duplicación de los procedimientos, no puede negarse que se trató de un importante paso hacia la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, como lo muestra el propio caso de Colombia, Nuevo León, en el que la investigación fue conducida por instancias civiles. Esta misma reforma permite que hoy en día casos como el de La Calera, Zacatecas, sean ventilados en juicios orales y públicos, conducidos por instancias civiles, en un ejercicio inédito. Este, no cabe duda, es el camino hacia la verdadera rendición de cuentas y hacia el restablecimiento de controles civiles sobre las fuerzas armadas. Sin la posibilidad de que estos recientes casos terminaran siendo investigados en el fuero civil, probablemente los incipientes pasos hacia la justicia que se han dado jamás se hubieran materializado, como ocurrió en tantos otros casos que languidecieron en el fuero militar. Por ello, aprovechar estas situaciones para reivindicar el fuero militar, sugiriendo que el estadio previo a la reforma era más deseable, sólo expresa nostalgia por un privilegio hoy insostenible.
Que los militares y marinos implicados en graves violaciones a derechos humanos sean presentados ante las instancias civiles de justicia no es una concesión graciosa de las Fuerzas Armadas. Es una obligación ineludible que por años ha sido soslayada en México por la impunidad que prodigaba en estos casos el fuero militar. Si hoy empiezan a abrirse los primeros juicios en instancias no militares por este tipo de casos, es en gran medida por la persistencia de las víctimas, por la labor de las organizaciones civiles y por los contundentes señalamientos de instancias internacionales, pese a que como ha ocurrido con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o del Relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos sean descalificados.
La gravedad de los casos de Tierra Blanca o Anáhuac es tal que en un entorno mínimamente democrático habría generado profundos debates sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, sobre la responsabilidad de mando, sobre su obligación de efectuar un reconocimiento público de responsabilidad, sobre la continuidad de las prácticas de la Guerra Sucia en el presenta ante la ausencia de procesos de justicia transicional o, al menos, habrían atenuado la virulenta respuesta contra las organismos internacionales. Pero en el México de la crisis de derechos humanos, incluso estos casos son capitalizados para afianzar la posición castrense. Este camino no anuncia una profundización de la rendición de cuentas, sino intentos de reeditar discusiones rebasadas, como la relativa a los límites del fuero militar.
*Artículo publicado en Animal Político