*Un juez de amparo concedió la suspensión definitiva del proyecto.
Ciudad de México, 10 de marzo. La comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, exigió que las autoridades cumplan la suspensión definitiva del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, dictada los días 11 y 18 de febrero por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
Durante diez años, miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla han defendido el territorio comunal que se encuentra en grave peligro por la construcción y operación de la autopista Toluca-Naucalpan, impulsada desde el año 2006 por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Parte de sus terrenos fueron expropiados en 2015.
La autopista es construida por Grupo Higa y afecta a diferentes comunidades y municipios del Estado de México, incluyendo a San Francisco Xochicuautla y al menos doce comunidades más, como San Lorenzo Huitizilapan y Santa Cruz Ayotuzco.
«Se han interpuesto una diversidad de recursos jurídicos: amparos, denuncias penales, quejas en las comisiones de derechos humanos, juicios agrarios, entre otros. En dos de los amparos se obtuvo la suspensión del decreto de expropiación. El primero de ellos el 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), concedió la suspensión definitiva el 11 y 18 de febrero pasados», relató la CMDPDH.
Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación buscan proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo.
«Si bien las suspensiones son un gran paso para proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la defensa de la vida, el agua, el Bosque y el campo continuarán hasta que la autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí», explicó la Comisión.
Las organizaciones defensoras exigieron a las autoridades estatales, federales y municipales que cumplan con la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que se desocupe de manera inmediata del territorio de San Francisco Xochicuautla, retirando maquinaria, trabajadores y las policías estatales que suelen acompañar la obra.