*De negarse a rendir cuentas, sobre las Fuerzas Armadas pesarán a perpetuidad razonables dudas sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Ciudad de México, 07 de marzo. El próximo 30 de abril culmina el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde marzo de 2014, el GIEI ha solicitado entrevistar a elementos de las Fuerzas Armadas que cuentan con información relevante sobre los hechos. Hasta ahora, el Gobierno Federal no lo ha permitido.
¿Por qué es imprescindible que el GIEI entreviste a los elementos del Ejército antes de que concluya este segundo mandato?
- Porque las Fuerzas Armadas no pueden ser ajenas a la supervisión internacional en materia de derechos humanos. El GIEI fue creado por la CIDH en el marco de las atribuciones que a ésta le confiere la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), un tratado internacional que obliga al Estado en su conjunto y por tanto también al estamento militar.
- Porque en democracia las Fuerzas Armadas no deben ser autónomas sino sujetarse a controles civiles. Ni el Ejército ni la Marina son poderes autónomos. Conforme a la Constitución, se encuentran sujetos a un Comandante Supremo Civil quien, además, como Presidente de la República firmó ante las familias de los 43 estudiantes desaparecidos el compromiso de apoyar la labor del GIEI y llevar la investigación hasta las últimas consecuencias.
- Porque la entrevista a los militares es absolutamente legal, tan es así que el GIEI ya ha podido entrevistar sin mayor trámite o problema a múltiples autoridades, testigos, inculpados y elementos de diversos cuerpos de seguridad. El GIEI fue habilitado por el propio Estado para poder entrevistar testigos en el acuerdo firmado para su creación. A partir de esta cláusula, el Grupo ha podido entrevista a policías municipales, estatales y federales, entre otras muchas, personas sin que ninguna de esas corporaciones estimara ilegal su labor.
- Porque se encuentra demostrado que elementos del 27 Batallón al menos presenciaron la agresión contra algunos de los estudiantes hoy desaparecidos. Es un hecho acreditado en el expediente que un elemento del Ejército, mientras realizaba labores irregulares empleando atuendo y vehículos civiles, presenció directamente durante al menos 40 minutos la agresión contra el autobús Estrella de Oro 1531, de donde un número aún indeterminado de estudiantes fue desaparecido. La información con que cuenta este testigo excepcional es fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
- Porque la noche del 26 de septiembre de 2014 el Ejército operó en Iguala con un cuerpo irregular cuya intervención debe indagarse. Se encuentra probado en el expediente que esa noche se desplegaron en Iguala elementos que operaban como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), que de acuerdo con el Coronel del 27 Batallón trabajaba de manera encubierta en Iguala. No se ha documentado hasta el día de hoy la estructura de este cuerpo ni se ha accedido a la información que generaba, con lo que se pierden elementos esenciales para el esclarecimiento de los hechos.
- Porque el Ejército intervino en la información recabada en el C4. Testigos que trabajaron en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala, refirieron en sus declaraciones que el Ejército intervino las comunicaciones generadas en ese Centro, sin que hasta ahora se haya esclarecido esta posible sustracción de información.
- Porque el Ejército cuenta con videos y fotografías de los hechos que no han sido debidamente incorporados en la investigación. Elementos del Ejército aceptan haber tomado fotografías y vídeo de algunos de los hechos acontecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala; sin embargo, no las han exhibido dentro del expediente o si lo han hecho ha sido en formatos que impiden obtener mayor información, como en el caso de las fotografías: en vez de entregar el archivo original, enviaron una presentación de Power Point con las imágenes.
- Porque los investigadores de la PGR no interrogaron exhaustivamente a los militares acerca de sus posibles vínculos con grupos delictivos. Pese a que el esclarecimiento cabal de los hechos demandaba interrogar a los militares sobre el contexto delincuencial de Iguala, sobre los señalamientos de posibles vínculos con el narcotráfico que incluyen al 27 Batallón, y sobre la dinámica de los hechos del 26 de septiembre, los interrogatorios efectuados por el Ministerio Público Federal no han sido exhaustivos sino complacientes, evidenciando la subordinación de las autoridades civiles frente a las militares. Se requiere que los elementos del Ejército, en tanto testigos excepcionales de los hechos, sean entrevistados sin privilegio alguno.
Estas son algunas de las razones por las que el Presidente Peña Nieto debería actuar como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y ordenar la realización de las entrevistas requeridas por el GIEI. Una razón más: de ser el Ejército la única institución que por su reticencia a rendir cuentas queda al margen del escrutinio que realiza el GIEI, las Fuerzas Armadas quedarán expuestas al desgaste de que sobre ellas pesen, a perpetuidad, razonables dudas sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
*Artículo del Centro Prodh en Animal Político.