*Solicitan organizaciones protección para Gustavo Castro, director de Otros Mundos Chiapas y sobreviviente del atentado.
Ciudad de México, 04 de marzo. En la madrugada de ayer, hombres armados irrumpieron en la vivienda de la líder comunitaria Berta Cáceres, en Honduras, y la asesinaron a balazos. En el atentado contra la defensora de la tierra, que logró derrotar proyectos hidroeléctricos y fue amenazada por empresas y el Ejército, fue herido y dado por muerto el mexicano Gustavo Castro, también defensor del territorio y director de la organización Otros Mundos Chiapas.
Por su parte, el Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos Chiapas lanzaron una acción urgente para pedir al gobierno de Honduras que proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata de Gustavo Castro Soto ya que “es un actor clave para las investigaciones que esclarezcan el asesinato” de Berta Cáceres.
La acción urgente expone que Berta y Gustavo “son personas de reconocida lucha social y ambiental a nivel internacional, lo que muestra la coherencia de su vida dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a los que han acompañado en sus procesos de resistencias para que de forma organizada y pacífica, eviten que el proyecto neoliberal de los gobiernos regionales se apropie del territorio mesoamericano, a través de sus proyectos extractivos de muerte”.
Aunque el gobierno hondureño se apresuró a declarar que se trató de un intento de robo, la madre y la hija de la activista asesinada han declarado que sin duda el atentado se debió a su labor en defensa de las tierras del pueblo lenca. En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
Berta Cáceres, madre de cuatro hijos, lideró al pueblo lenca en su lucha contra la represa de Agua Zarca, que afectaría el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades y vital para su supervivencia. La campaña emprendida por Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no cesaron en Honduras, el más peligroso en todo el mundo para los defensores ambientales, hasta que la muerte la alcanzó ayer.
Berta era beneficiaria de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no contaba con vigilancia al momento de su asesinato. Su muerte ha provocado una ola de indignación en comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas y feministas de todo el mundo.