*Lamenta Amnistía Internacional la negligencia oficial
Ciudad de México, 02 de marzo. La falta de avances en las investigaciones sobre la tragedia ocurrida a 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 es una muestra más de la negligente respuesta del gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos, calificó Amnistía Internacional.
Familiares de los 72 migrantes, que buscan que se les reconozca como víctimas y se les de acceso a los expedientes, llegaron a México para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) certeza sobre la identidad de los cuerpos recibidos y explicaciones sobre la invesigación del caso, pues dudan que los restos que recibieron correspondan a los de sus familiares.
Alma García, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aseguró a medios de comunicación que los familiares de las víctimas están indignados por la falta respuesta del Estado mexicano, ya que los funcionarios que los recibieron sólo les dijeron que el expediente fue turnado a la unidad de migrantes y que hay ocho procesados. “Solicitamos la revisión del caso, que verifiquen si los cuerpos entregados son en verdad de sus familiares. Exigimos el derecho a saber lo que en realidad sucedió en la matanza de los 72 migrantes en San Fernando”, aclaró.
“Considerando las graves fallas en las investigaciones forenses documentadas en México, no sorprende que familias de los 72 migrantes asesinados en la masacre de San Fernando tengan que viajar miles de kilómetros para exigir la revisión de sus casos,” afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
La procuradora Arely Gómez no se presentó a la reunión, y en lugar del agente requerido por su conocimiento del tema acudió un funcionario que “investiga” el caso desde hace apenas un año. Su presentación duró menos de diez minutos, lo que irritó a los familiares, quienes señalaron que había más información en Internet que en el discurso del funcionario. “Como las familias se percataron de que esto era una burla, tomaron la decisión de levantarse”, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. “Para las familias fue un trauma, esperaban otra explicación después de cinco años”, subrayó en entrevista con Proceso.
“Las familias saben más del caso que el MP, quien no sabe ni siquiera cuántas personas fueron detenidas”, comentó a su vez Fray Tomás González, y añadió: “Son familias a las que les regresaron como cadáver una masa de arena o a otros bolsas de papeles en un ataúd”.