*Exigen decenas de organizaciones que el gobierno rinda cuentas ante el organismo internacional y ante la sociedad.
Ciudad de México, 26 de febrero. En un acto de violación a sus obligaciones internacionales y a su deber frente a la sociedad mexicana y a los familiares de miles de personas desaparecidas, el Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones urgentes ni con el envío de información solicitado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), denunciaron decenas de organizaciones de familiares en búsqueda de personas desaparecidas y de la sociedad civil.
Después de calificar a las desapariciones como «generalizadas» en gran parte de México, el 13 de febrero de 2015, el CED estableció 18 recomendaciones relativas a la prevención, búsqueda, investigación, registro de personas desaparecidas, legislación en la materia, derechos de las víctimas y la aceptación de la competencia del CED para recibir comunicaciones individuales, entre otras.
En una carta hecha pública ayer, las familias y los defensores de derechos humanos recordaron que ya se cumplió el plazo de un año para que el Estado cumpliera con las medidas prioritarias exigidas por la ONU: adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas; redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, perseguir penalmente a los responsables y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores; y redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos.
«Sin embargo, el Estado mexicano no ha presentado su informe al CED hasta la fecha», ni ha cumplido las recomendaciones obre los mecanismos de búsqueda e investigación para garantizar el derecho de las víctimas, lamentaron las organizaciones. «Exigimos que el Estado mexicano presente su informe al CED, así como a la sociedad mexicana, quien es la que padece de manera directa el fenómeno de la impunidad por la desaparición forzada y la desaparición por particulares», sostuvieron.
Las organizaciones recordaron que familiares de personas desaparecidas se han organizado y movilizado en los últimos años ante la inacción del gobierno y las instituciones, y han iniciado procesos de búsqueda por su cuenta y han elaborado colectivamente propuestas para la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares. «Corresponde al Estado mexicano aprobar y adoptar medidas integrales y efectivas para la verdad, justicia, la reparación y erradicación de la desaparición en el país, entre otras cumpliendo con las recomendaciones del CED y del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias», finalizaron.