*Exigen Greenpeace y el Centro Prodh la libertad de Ildefonso, reconocido líder comunitario y ambiental.
Ciudad de México, 23 de febrero. «El único delito de mi padre fue defender los bosques, cuidar la tierra y luchar por su comunidad», exclamó Misael Zamora, hijo del líder tlahuica Ildefonso Zamora, antes de que el llanto la impidiera seguir hablando.
Y es que la lucha de esta familia y de la comunidad de San Juan Atzingo, en el Estado de México, ya les cobró la vida de Aldo Zamora, lesiones y detenciones arbitrarias contra Misael, hostigamiento de autoridades y talamontes y ahora, la libertad de Ildefonso.
Las autoridades del Estado de México, encabezadas por el gobernador Eruviel Ávila, mantienen desde hace tres meses en prisión Ildefonso Zamora en un proceso plagado de irregularidades, faltas al debido proceso y violaciones a los derechos humanos del líder indígena que desde hace 18 años ha enfrentado a los talamontes en dicha entidad, denunciaron Greenpeace y el Centro Prodh. La familia Zamora señaló que existen intereses de políticos ligados a la tala clandestina detrás del encarcelamiento de Ildefonso.
Ildefonso Zamora fue detenido arbitrariamente el 20 de noviembre de 2015 sin una orden de aprehensión por una acusación fabricada por el Ministerio Público de Tenancingo, además de que ninguna autoridad le notificó que había una averiguación en su contra desde 2012. Resulta imposible que Ildefonso haya cometido el supuesto robo del que se le acusa pues él se encontraba en otro lugar el día en que se señalan los hechos, existen testimonios y pruebas que lo acreditan, aseguraron las organizaciones.
El Centro Prodh y Greenpace México informaron que expusieron el caso a las Relatorías de los Pueblos Indígenas, del Medio Ambiente y de Personas Defensoras de Naciones Unidas (ONU) y, se espera que en breve manden alguna comunicación al Estado mexicano.
Greenpeace trabajó desde 2004 con la familia y la comunidad de San Juan Atzingo y se presentaron denuncias ante las autoridades por las que se libraron en ese momento casi 50 órdenes de aprehensión contra talamontes. No hubo detenciones y, en cambio, Misael fue asesinado en mayo de 2007. Ese mismo año, el presidente Felipe Calderón otorgó un reconocimiento al mérito ecológico a Don Ildefonso y su comunidad y prometió justicia por el asesinato de Aldo, pero eso tampoco ocurrió.
Una de las zonas que la familia Zamora y la comunidad ayudaron a recuperar con el trabajo de reforestación emprendido hace casi una década es el paraje conocido como El Jaral. Con imágenes tomadas durante este mes de febrero, Greenpeace demostró que las áreas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala continúan siendo taladas. Se estima que unas 38 mil hectáreas del Gran Bosque del Agua han sido destruidas por los talamontes clandestinos.
«El caso de Don Ildefonso Zamora es un ejemplo más de la criminalización de los activistas ambientales y defensores de derechos humanos quienes no solo hacen frente al crimen organizado sino también a los aparatos del Estado que son utilizados para reprimir sus labores. Es por eso que el Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Greenpeace México hacen un llamado al Gobernador Eruviel Ávila, al Procurador General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez a desistirse de los falsos cargos fabricados contra Ildefonso y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Sergio Medina Peñaloza a garantizar sus derechos humanos», finalizaron las organizaciones.