*El rescate de 63 cuerpos es técnicamente viable y moralmente urgente, insisten las familias.
Ciudad de México, 22 de febrero de 2016. A 10 años de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, la empresa Grupo México -en contubernio con autoridades federales- sigue impidiendo el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados por la explosión, denunció la organización Familia Pasta de Conchos.
En una celebración religiosa frente a las oficinas de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México y el segundo hombre más acaudalado del país, las familias señalaron que la impunidad persiste e informaron que redoblarán esfuerzos para que su queja sea admitida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «A nuestras espaldas se encuentran los responsables de un homicidio industrial», reclamaron las familias, quienes siguen llorando cuando recuerdan a sus seres queridos que permanecen sin sepultura.
«Nada, ni nadie, ni el tiempo que sea, podrá hacer que olvidemos y que dejemos de exigir y denunciar que Minera México de Grupo México –también responsable del mayor desastre ambiental del país al contaminar el río Sonora-, no garantizó la vida de nuestros familiares al hacerlos trabajar, ilegalmente bajo riesgo, con la complacencia omisa de los inspectores del trabajo de Vicente Fox y Felipe Calderón, como tampoco la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto y el poder judicial nos han garantizado la reparación del daño sufrido: rescatar a nuestros difuntos, así como el esclarecimiento de lo ocurrido, ya que dejaron prescribir los delitos denunciados, y en el colmo de la injusticia, remite el expediente a las autoridades locales, a sabiendas de que no tienen viabilidad alguna», detalló la organización.
Durante la celebración, en la que se ofreció a los asistentes tanto carbón «extraído con sangre y sudor» como chile de los nuevos proyectos productivos, la organización señaló que sigue trabajando por dignificar la región carbonífera y por el rescate integral de sus pueblos ante la actividad minera ilegal. «Nuestra presión y la nueva presencia de nuestros seres queridos, ha hecho que, a través de diferentes acciones de distintos actores, llevemos 14 meses sin un solo muerto al interior de las minas de carbón, y que sigamos demandando la admisibilidad de nuestro caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por las nuevas violaciones, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos», abundaron.