*La comunidad Primero de Agosto fue expulsada de sus tierras hace un año por integrantes de la CIOAC.
Ciudad de México, 19 de febrero de 2016. A un año del desplazamiento forzado de la comunidad Primero de Agosto, en Chiapas, la niña tojolabal María Fernanda Méndez Pérez murió por las condiciones de vulnerabilidaden que se ven obligados a vivir los pobladores desplazados, la omisión de estado para cumplir los acuerdos que permitan el retorno y la negligencia médica, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
María Fernanda, de cuatro meses de edad, falleció el pasado domingo 7 de febrero de 2016 en la comunidad San Antonio Monterrey, municipio de Las Margaritas. Había nacido de manera prematura y con dificultades respiratorias debido a que la situación de permanente riesgo por amenazas a la integridad física y psicológica de las y los desplazados repercutieron en la salud física de su madre María Pérez López, quien careció de atención en salud y alimentación adecuada durante los meses de su embarazo y posteriores al nacimiento.
El Frayba denunció la negligencia del Hospital de la Mujer de Comitán por no canalizar adecuadamente a la menor al Hospital Pediátrico de Tuxtla y la falta de compromiso del gobierno del estado por no cumplir acuerdos que se tienen en la búsqueda de la solución al desplazamiento forzado de Primero de Agosto. El centro de derechos humanos relató que desde inicios de diciembre de 2015 el gobierno estatal se comprometió a hacer gestiones para el traslado de la bebé al Hospital Pediátrico, pero fue dada de alta sin que se concretara su atención especializada. Finalmente, María Fernanda falleció.
«Este Centro de Derechos Humanos ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la comunidad desplazada Primero de Agosto con el fin de que las autoridades no eludan sus responsabilidad de generar las condiciones de retorno inmediato con seguridad y atención a la población, a quienes se les violentan sus derechos humanos especialmente a la seguridad, alimentación, salud, educación, empleo, vivienda digna y acceso a la justicia; y enfrentan condiciones precarias en salud, nutrición, desarrollo humano, psicológico y de educación», abudó el Frayba.
La expulsión de los tojolabales de sus tierras se dio desde el 23 de febrero de 2015 por un grupo de militantes de la Central de Obreros Agrícolas e Independientes- Histórica, calificada por el Frayba como «paramilitar». Desde entonces, relata el centro, no ha cesado el hostigamiento -robos, amenazas, intentos de homicidio- de este grupo contra el campamento de Primero de Agosto, «con la permisividad de los gobiernos municipal y estatal».
Las y los defensores de derechos humanos exigieron que se cumplan los acuerdos firmados el 25 de febrero de 2015 en donde se estableció el reparto equitativo de la tierra, así como la aplicación de la justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra los desplazados.