*Grupo México encargó peritajes privados hace nueve años; a diez años, sigue negándose al rescate de los cuerpos.
Ciudad de México, 18 de febrero de 2016. Entre los argumentos que ha usado Grupo México para negarse al rescate de los 65 trabajadores que perdieron la vida en febrero de 2006 en su mina en Pasta de Conchos está que en el lugar hay agua que podría estar contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos, reveló el diario Vanguardia.
De acuerdo con el diario, la empresa pagó dos peritajes privados en los que basa su argumento. El primero de ellos, realizado del 23 al 27 de marzo de 2007 por D.G. Wooton y denominado “Evaluación de las operaciones de recuperación en la mina de Pasta de Conchos y resultados de los futuros esfuerzos de recuperación”, aventura que los mineros atrapados podrían estar infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal. “El nivel de agua cubre el área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en contacto con los cuerpos en descomposición”, señala el documento, y dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate podrían estar expuestos a infecciones crónicas.
El segundo informe ordenado por la empresa a Donald McBride, supervisor inspector para la Oficina de Minas y Minerales de Illinois, indicó que la mina «podría» contener agua contaminada de enfermedades posiblemente mortales.
Los familiares de los mineros y la organizaciones que los acompañan han señalado en repetidas ocasiones que lo que pretende Grupo México -propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más acaudalado del país- es impedir que se hagan exámenes forenses a los restos para que no se compruebe que abandonó a los sobrevivientes a su suerte después de la explosión.
La Familia Pasta de Conchos informó a La Jornada que revitalizará su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admita su demanda de rescate de los mineros muertos y la justa reparación del daño a los deudos, señaló Carlos Rodríguez, integrante del equipo de apoyo legal a esta organización. Sostuvo que a una década de la explosión no ha habido una investigación a fondo, no se conoce la verdad, las sanciones a la empresa fueron risibles, y aunque se tenía la promesa del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, de que se valoraría abrir la mina, éste devolvió los expedientes de las autoridades judiciales de Coahuila, con lo que se cerró otra vez la puerta de la justicia a los deudos
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