*Madres de migrantes asesinados piden que se les reconozca como víctimas y se les permita el acceso al expediente.
Ciudad de México, 18 de febrero de 2016. Debido a la ausencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la resolución de un amparo promovido por dos familiares de migrantes y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho relativo a las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en las cuales se encontraron 193 cuerpos en 2011.
Las madres de los migrantes piden ser reconocidas como víctimas y tener acceso al expediente. “No nos han querido dar ninguna información, no han querido mostrar los expedientes, las investigaciones que se han llevado a cabo. De El Salvador somos como 300 madres que tienen sus hijos desaparecidos y yo tengo cuatro años 10 meses 21 días, de que mi hijo desapareció y todavía estamos que no se me reconoce la calidad de víctima y tampoco a mi hijo que fue encontrado muerto en esas fosas clandestinas”, lamentó la señora Betila Parada. El abogado del grupo, Sergio Méndez Silva, explicó a MVS que la relevancia de este caso estriba en que sentará un precedente para los derechos de los migrantes y de las víctimas.
Durante varios años se documentaron desapariciones, secuestros y homicidios en San Fernando, Tamaulipas; se sabe que policías municipales de esta localidad estuvieron implicados en la desaparición forzada de migrantes. Las fosas clandestinas aparecieron meses después de que fueron encontrados 72 migrantes masacrados en el mismo municipio. Una de estas víctimas es el salvadoreño Carlos Alberto. Fue hallado en las fosas en 2011, identificado en diciembre de 2012 y en febrero de 2013, la Cancillería salvadoreña pidió autorización a su madre para que los restos fueran cremados y repatriados. Ella manifestó su rechazo y comenzó un tortuoso camino en el acceso a la justicia.
«La Procuraduría General de la República mexicana negó tener información del caso y le negó todos sus derechos como víctima: tener representantes legales, ejercer la coadyuvancia, tener copias del expediente, nombrar peritos independientes para que pudieran verificar la identificación», relata la ONG que lleva el caso.
«El proyecto de la SCJN de manera positiva la reconoce parcialmente como víctima a coadyuvar en la investigación y determina que como tal tiene derecho a tener copias íntegras del expediente. Hace un vínculo positivo entre el derecho a la verdad y el acceso a la información; habla del derecho a la verdad como un derecho de los familiares de víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, el derecho a que se conduzca una investigación y se esclarezcan los hechos. Sin embargo, el proyecto provoca preocupaciones serias ya que deja desprotegidos varios derechos de los peticionarios del amparo: no se reconoce a la víctima directa ni a sus familiares como víctimas de desaparición y no reconoce el trato cruel que recibieron por parte de las autoridades en el camino para lograr la identificación de los restos; no se toma en cuenta la vulnerabilidad adicional de las víctimas por ser migrantes, no busca dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el Estado. Tampoco evidencia las fallas de los servicios periciales en el proceso de identificación y restitución de los cuerpos, no clasifica los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocimidos, como el protocolo de Minnesota. Además, rechaza el interés legítimo de la Fundación para la Justicia para comparecer en el presente caso de manera independiente a la víctima», detalló la organización.