*La política de contrsinsurgencia persiste en Chiapas, alerta.
Ciudad de México, 17 de febrero de 2016. Al cumplirse dos décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señaló que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos, mientras que han sido puestos en práctica por los zapatistas y las comunidades indígenas en México.
La organización defensora denunció que la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas continúa, pues es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. «Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares», insistió.
Las y los defensores de derechos humanos reivindicaron el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, «elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia».
El Frayba agregó que «el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país».
El centro de derechos humanos destacó los casos del pueblo de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la devastación de su territorio por la autopista Toluca-Naucalpan; de la tribu yaqui en Sonora, que ganó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Independenciay que las autoridades no han respetado; y de las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán, en Michoacán, «agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces coludidos con la delincuencia organizada».