*La iniciativa presentada por el ejecutivo es deficiente, indican.
Ciudad de México, 11 de febrero de 2016. Los titulares delos programas de derechos humanos de las universidades jesuitas dirigieron una carta al senado de la República para pedirles que el estudio y la expedición de la legislación pendiente sobre tortura sea una prioridad.
Las y los académicos especialistas criticaron que la iniciativa de Ley General contra la Tortura presentada por el Presidente de la República el día 10 de diciembre de 2015 es deficiente e inefectiva, y destacaron la «imperiosa» necesidad de que la Ley incluya preceptos para la exclusión de la prueba ilícita.
Como comprenderán las y los Senadores, la responsabilidad de legislar a fin de prevenir la práctica de la tortura en México se proyecta no solamente a través del sistema acusatorio incorporado al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya aprobado, y de la Ley General contra la Tortura, sino también de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
«La iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal debe establecer mecanismos de protección judicial y las vías de acceso a ellos por parte de la población penitenciaria sin discriminación en razón de la situación jurídica de las personas; así como los mecanismos de monitoreo y control civil necesarios para prevenir la tortura y los malos tratos dentro de las prisiones», detalla la carta.
Las universidades señalaron como «fundamental» que el Senado se mantenga abierto el proceso legislativo a la participación de sociedad civil y la academia hasta la redacción final de ambos proyectos legislativos y, por otra, que las iniciativas eventualmente aprobadas sean conformes con los estándares establecidos en los tratados y demás instrumentos internacionales en la materia.
Las y los responsables académicos recordaron que hace casi un año, el 9 de marzo de 2015, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe sobre México que constata la existencia de tortura y malos tratos generalizados en nuestro país, en el que elaboró recomendaciones dirigidas al Congreso de la República a fin de contar con una estructura normativa adecuada y coherente para la erradicación de la tortura en México.