*Organizaciones reclaman que la propuesta legislativa ignoró sus propuestas y no respeta los estándares internacionales de derechos humanos
Ciudad de México, 04 de febrero de 2016. Sin previo aviso a las organizaciones que participaron del proceso de consulta y desconociendo los acuerdos y contenidos mínimos alcanzados, el Presidente de la República envió al Senado su iniciativa de Ley General contra la Tortura, la cual incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz, denunciaron ayer decenas de organizaciones civiles.
«Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones firmantes exigimos al Poder Legislativo que, en sus diferentes etapas, tome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas y aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que nos permita revertir la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país», reclamaron.
Las organizaciones expusieron los mínimos que debería contener la ley para ser considerada eficaz: Excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes, pues la iniciativa del Ejecutivo permite la admisibilidad de estas pruebas; que los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes tengan las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura, que se establezca al Protocolo de Estambul como un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de tortura, así como garantizar su realización por peritos independientes, pues en la iniciativa oficial se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo y que es realizada por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes. También es necesaria una formulación conforme a los estándares internacionales en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos.
El proceso de consulta del Ejecutivo con las organizaciones -realizado a través de la Procuraduría General de la República- se dio en el mes de octubre de 2015; en él se llegó a acuerdos sobre los estándares que deberá contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, a pesar de que no se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico. Sin embargo, la iniciativa finalmente presentada el 10 de diciembre de 2015 no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica, insistieron las organizaciones.
Las asociaciones recordaron que numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada.