*En su informe anual, la organización destaca temas como desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura y ataques a periodistas.
Ciudad de México, 28 de enero de 2016. El gobierno mexicano ha logrado muy pocos avances para juzgar a los militares y policías implicados en graves violaciones a derechos humanos, tanto en casos recientes como en los cometidos desde el inicio de la «Guerra contra el narcotráfico», señaló Human Rights Watch en su informe del año 2015.
La organización destacó que a mas de un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, todavía se desconoce su paradero. «Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a derechos reproductivos y a la atención de la salud», resumió.
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México sigue produciéndose un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática y endémica. HRW destacó los casos de Apatzingán, Calera y Tanhuato en este rubro.
«México ha empleado fuertemente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y los militares han cometido en estas operaciones numerosas violaciones de derechos humanos. Desde 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual gobierno— y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos», recordó el informe.
El informe insiste en que es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. «En general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, durante el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales», afirmó.
En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para 2016 su sistema judicial inquisitivo y escrito en uno de tipo acusatorio y oral. La implementación de esta reforma ha sido más bien lenta. En agosto, el nuevo sistema oral se estaba aplicando plenamente —a nivel federal y local— tan sólo en dos estados mexicanos.
En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y reparación a las víctimas de delitos. Hasta agosto de 2015, el distrito federal y 9 de 31 estados todavía no habían aprobado leyes de reglamentación de la Ley General de Víctimas. Solamente 10 estados habían creado una comisión estatal de víctimas, y apenas cinco funcionaban plenamente.
En abril, la Suprema Corte determinó que la disposición sobre arraigo —que permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días y antes de ser consignadas a personas que presuntamente estén involucradas en la delincuencia organizada— es constitucional en casos de “delitos graves”, según la definición prevista en el derecho mexicano.
Entre otros temas, la organización resaltó que numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Además, «en algunos casos el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o insuficiente», mientras que las autoridades en general no investigan adecuadamente delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión.