* En curso, la discusión sobre delitos de ultrajes y ataques a la paz pública.
Ciudad de México, 21 de enero de 2016. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determinen la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad.
El día de ayer, el máximo tribunal determinó pasar al pleno la discusión sobre la inconstitucionalidad del delito de ultrajes, mientras que la discusión sobre el delito de ataques a la paz pública se pospuso.
En días recientes, el Frente presentó un amicus curiae a la Corte para aportar elementos jurídicos sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal que establece el delito de “ultrajes a la autoridad”, al considerarlo violatorio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de las garantías de seguridad y legalidad en materia penal.
El delito de ultrajes a la autoridad, vigente en la Ciudad de México, se castiga con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y 10 a 100 días de unidades de cuenta como multa. El delito de ataques a la paz pública tiene una penalidad de 2 a 7 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años.
La discusión deriva de 3 amparos promovidos por personas que fueron detenidas y procesadas tras protestas registradas en los años 2012 y 2013. En el pleno de la Corte se discutirán dos proyectos: el ministro José Ramón Cossío establece que la norma es inconstitucional, mientras que el magistrado Jorge Mario Pardo se inclina por validarla.
«La discusión se presenta en un contexto regresivo en materias de derechos humanos y de criminalización de la protesta, en la que el derecho penal ha sido utilizado reiteradamente como mecanismo de control y de persecución en contextos de manifestación. El delito de ultrajes ha sido empleado en el Distrito Federal para criminalizar y descalificar a manifestantes y activistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión», sostuvo el Frente. «Refrendamos el llamado para que la decisión adoptada favorezca el respeto de los derechos humanos e impida la utilización de tipos penales como forma de enfrentar los conflictos sociales».