* Exigen que el ejecutivo demuestre su compromiso con la verdad y la justicia para Ayotzinapa.
Ciudad de México, 20 de enero de 2016. Decenas de organismos civiles y expertos y expertas en derechos humanos -entre ellos, Santiago Corcuera, Fray Raúl Vera y Luis González Plascencia- manifestaron ayer su respaldo a la labor que desempeña el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el Estado mexicano y las víctimas para supervisar el caso Ayotzinapa, frente a la «dolosa» campaña de desprestigio que enfrenta.
«Conforme el GIEI ha avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos, se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y de esta forma, confundir a la opinión pública», explicaron. Las y los defensores señalaron que la existencia de dicha campaña es evidente si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados.
«Aunque el objetivo de la campaña hasta ahora se ha centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala – soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región-, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso. No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la Procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género», detallaron las organizaciones en un comunicado.
Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran Artículo 19, Cencos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, resaltaron que la campaña de desprestigio coincide con una etapa decisiva del mandato del GIEI y con otros obstáculos a su trabajo, de forma destacada la reticencia del Gobierno Federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
«Recordamos que el Estado mexicano está obligado a demostrar que se encuentra comprometido la búsqueda de la justicia y la verdad para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias; sobre todo en estos meses definitivos, considerando la extensión del mandato del GIEI. El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México», insistieron las organizaciones.
El Estado mexicano aceptó la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014 en el marco de medidas cautelares emitidas por la CIDH; sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios y los representantes del Estado mexicano estuvieron al tanto del alto perfil y el prestigio de cada uno de sus integrantes.