* Presenta la ONG informe sobre epidemia de desapariciones en México.
Ciudad de México, 14 de enero de 2016. Las deficiencias en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalista de Ayotzinapa, Guerrero, se repiten en toda la geografía de México, señaló hoy Amnistía Internacional (AI) al presentar su informa «Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México».
La organización internacional acusó que todas las autoridades muestran incompetencia y una ausencia total de voluntad de investigar, enun país con más de 27 mil personas cuyo paradero se desconoce. Esto alimenta una crisis de derechos humanos «de dimensiones epidémicas», afirmó AI.
“La incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, lamentó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. “Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo.”
El informe expone que en muchos casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el Ejército. «Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas», detalló la organización.
Además, «cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados», indicó la organización.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado, afirmó AI. La deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad del mando, los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo; se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
El equipo investigador de Amnistía Internacional descubrió casos similares de incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en el estado de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi mil 700 personas han desaparecido en todo Chihuahua.
«En la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció. Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta. Normalmente, la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles», describió la organización. Así son los casos de José Rosario Hernández y Brenda Karina Ramírez.
AI consideró que los graves defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. “La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, advirtió Guevara-Rosas.