* El asesinato de Gisela Mota muestra el alto grado de descomposición social, señala ONG.
Ciudad de México, 05 de enero de 2016. Ante la grave situación para la vida, libertad y seguridad de habitantes de Morelos, ejemplificado por el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, se debe abandonar el modelo militarizado de seguridad y se debe transitar a uno que priorice los derechos de la mayoría de la población, consideró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
La organización indicó que el asesinato de Gisela Mota forma parte de los cientos de crímenes que se padecen cotidianamente y que se mantienen en la impunidad, «sobre todo en la zona conurbada de Cuernavaca y los municipios colindantes, incluido Temixco (uno de los 8 municipios donde se decretó en agosto de 2015 la Alerta de Violencia de Género debido al feminicidio creciente)», especificó. «Los crímenes ocurren en forma cada vez más despiadada sin que se logre detener esta escalada de violencia que viene incrementándose desde hace ya varios años atrás, derivado de las políticas impuestas por gobiernos de distinto signo partidario e iguales resultados, ya que son gestores de la injusticia y desigualdad social y promotores de combatir la violencia con la violencia misma».
La Comisión reveló que en Temixco ha conocido muchos otros casos donde se priva de la vida a mujeres y a jóvenes casi de manera cotidiana y en calles obscuras se arrojan los cuerpos ante la certeza de que habrá impunidad en la inmensa mayoría de los casos, «como se ha demostrado en las estadísticas oficiales que dan cuenta de hasta un 95% de impunidad». Criticó que los gobiernos han abandonando las políticas públicas para garantizar derechos de la sociedad, priorizando el uso desmedido de la fuerza pública, «trátese de policía municipal corrupta o de Mando Único que busca recuperar el monopolio de la fuerza en manos de un Estado donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal se ha perdido hace mucho tiempo».
Las y los defensores exigieron modificar la estrategia de militarización y Estado policial como paso fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la impunidad. «No es con el fortalecimiento de las instituciones policíacas y militares como se garantizará la tranquilidad de la población, sino con mayor participación ciudadana, no con el miedo de por medio, sino con la consciencia de la acción colectiva y solidaria, fraterna y humana, que nos permitirá no permanecer indiferentes ante el dolor de tanta gente», finalizaron.