* La decisión cupular de nombrar a un general como comisionado para dirigir el nuevo plan de seguridad en Guerrero muestra que la estrategia es la misma.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 04 de enero de 2016. A 70 días de la nueva administración de Héctor Astudillo es posible vislumbrar qué tipo de gobierno se perfila para el 2016, tomando como referencia las acciones que ha emprendido en los meses de noviembre y diciembre.
La misma conformación de su gabinete nos muestra una recomposición de los grupos políticos que en los últimos años han disputado el cacicazgo histórico de los Figueroa. Los renejuaristas y añorvistas lograron reposicionarse políticamente en las pasadas elecciones, al tomar bajo su control las principales secretarías que manejan la mayoría de los recursos financieros. En este agandalle es muy difícil garantizar una verdadera gobernabilidad en un estado donde hay instituciones débiles y sumamente porosas, sobre todo con gobiernos resquebrajados por el imperio de la impunidad.
La compleja problemática que enfrenta el estado tiene diferentes vertientes: la inseguridad y la violencia que forman parte de un problema transversal que viene arrastrándose por décadas; la corrupción y la impunidad, que son el núcleo del problema estructural y endémico, porque han sido los factores que desencadenaron la grave crisis de gobernabilidad que enfrentamos en el estado. La pobreza que se expande en las ciudades, en la Sierra y la Montaña ha orillado a que centenas de familias migren fuera del estado y del país para encontrar un modo digno de vivir. Un buen número de trabajadores del campo son atrapados por los grupos de la delincuencia, que con su poder devastador los ha hecho rehenes de su estrategia delincuencial, orillándolos a formar parte de la red del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, para vivir al día sobre el filo de la muerte. La alta conflictividad social, causada por las desapariciones de los 43 jóvenes normalistas y de decenas de personas que ha sido desaparecidas en diferentes regiones del estado, son parte de un problema que hunde sus raíces en un sistema de gobierno corrupto que de manera sistemática violenta los derechos humanos de la población y que con la coraza de la impunidad alienta que las fuerzas de seguridad y las mismas fuerzas armadas, atenten contra la vida, la seguridad y la integridad física de las personas que luchan por un cambio.
La decisión cupular de nombrar a un general como comisionado para dirigir el nuevo plan de seguridad en el estado, sin hacer un balance previo de los demás planes federales que se han implantado en el estado desde el 2007, supuestamente para combatir al crimen organizado, nos muestra que la estrategia es la misma, que está restringida al ámbito policiaco-militar, sin ninguna participación de la sociedad y sin mecanismos que garanticen una mínima rendición de cuentas. Militarizar la seguridad, además de no arrojar resultados tangibles, va contra las mismas recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, que plantean el retiro paulatino de los militares en tareas de seguridad y la imperiosa necesidad de trabajar en un modelo de seguridad ciudadana que demanda la profesionalización del órgano investigador, de los cuerpos policíacos, pero sobre todo requiere una estrategia efectiva que ataque de manera frontal la impunidad y la corrupción que persiste en las instituciones de seguridad y justicia del estado. Esta propuesta obliga a que las autoridades den cumplimiento cabal a las leyes y exista un respeto absoluto a los derechos humanos de la población. La tendencia de seguir militarizando el estado donde proliferan acciones delictivas de alto impacto, es más una reacción a la coyuntura que busca amainar el malestar de la población, que acciones integrales y de largo plazo que ataquen de fondo el problema de la inseguridad.
Las acciones persecutorias contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los maestros y maestras que se opusieron a la evaluación de la SEP marcaron nítidamente el alineamiento del gobernador a las directrices impuestas por el gobierno federal, sobre todo a la postura represiva que impera en la secretaría de educación, de utilizar la fuerza pública como amedrentamiento para obligar a que los maestros y maestras se sometan a una evaluación punitiva. En estas acciones de criminalizar a los estudiantes y de blindar la sede del examen en recintos de lujo con policías federales, vemos cuál es la función real de la gendarmería y de la policía federal. Están preparados para contener y reprimir el movimiento social, para impedir que se descarrile la reforma educativa y para que se imponga el modelo económico que busca privatizar los recursos estratégico de la nación.
Las elites económicas se han congraciado con estos cuerpos de seguridad porque en las vacaciones de navidad y año nuevo garantizaron tranquilidad a los paseantes y aseguraron ingresos millonarios a las empresas. Por eso el gobernador Astudillo no tuvo empacho en decir a los medios que “Acapulco está llenísimo y Guerrero está bien”, es decir, que el bien radica en la ganancia vía la actividad turística, porque con esos ingresos estarán bien, no el pueblo de Guerrero que sigue sufriendo el flagelo de la violencia y el hambre, sino los grupos de poder que tienen el control de las instituciones, los grandes empresarios y hasta los grupos que realizan actividades ilícitas bajo el amparo del poder. Con esa noticia de que tuvimos el 97.5 de ocupación hotelera en Acapulco, recibimos el año nuevo con una clase política vetusta anclada al poder para lucrar 6 años en un estado marcado por la impunidad, la violencia y la pobreza.
*Extracto de un artículo de Tlachinollan. Para leer completo, de click aquí.