* También limita la transparencia y el derecho de acceso a la información.
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2015. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, aprobada este 15 de diciembre, representa un riesgo para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en el marco de las protestas sociales y limita la transparencia en el sector energético, así como la garantía efectiva del derecho de acceso a la información, denunciaron el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Colectivo por la Transparencia en México, México Infórmate y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad.
Las organizaciones rechazaron que se legisle sobre la lógica de «seguridad nacional», restringiendo derechos e implementando instrumentos legales que pueden ser utilizados contra la población.
La nueva ley modifica el artículo 140 del Código Penal Federal, que establece el delito de sabotaje, aumentando la pena hasta la mitad cuando “los actos de sabotaje se realicen en los ductos, equipos, instalaciones o activos, de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos”. Además, se removió una propuesta –contenida en este artículo- que buscaba respetar la libertad de expresión y el derecho de reunión al señalar que de ninguna manera se entenderá como sabotaje el ejercicio del derecho a manifestarse, reunirse y expresarse en las instalaciones petroleras.
Las organizaciones especificaron que la definición de proteger “instalaciones estratégicas” es tan amplia que cabe prácticamente cualquier infraestructura relacionada con el sector hidrocarburos, lo que deja elementos a interpretación que pueden ser usados arbitrariamente.
El artículo 23 de la Ley aprobada prevé que “la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública”.
Lejos de abonar a la construcción de un Estado transparente en materia energética, «el argumento de seguridad nacional se convierte en un aliciente para vulnerar el derecho de acceso a la información y mantener en secreto documentos de interés público, como lo es la información sobre contratistas y permisionarios que se vinculen con actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. También, estas disposiciones van en contra de los compromisos y los principios adquiridos por el Estado mexicano en materia de hidrocarburos dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto», agregaron las organizaciones en un comunicado público.
Las firmantes recordaron que, de acuerdo con el marco normativo de la Ley General de Transparencia, ninguna información podrá clasificarse de manera categórica, ni se podrán aprobar acuerdos de carácter general para clasificar información; la reserva de información sólo procede tras un análisis caso por caso y tras la elaboración de la prueba de daño. «Por lo tanto, cualquier ley que catalogue información –sea cual fuere- como de seguridad nacional, está atentando contra el marco de protección del derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad», resaltaron, y agregaron que antes un conflicto de normas, la ley de acceso a la información deberá prevalecer.
«Exhortamos al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que inicien un procedimiento de control constitucional en sus respectivas competencias a fin de garantizar la máxima protección de la libertad de expresión, información y manifestación», finalizaron las y los defensores de derechos humanos.