* Señala que detrás de su aprehensión se encuentran funcionarios que protegen a empresas defraudadoras.
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2015. José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, denunció desde el penal de Chiconautla, en el Estado de México, el acoso al que es sometido por el gobierno estatal con el objetivo de proteger a empresas constructoras e hipotecarias defraudadoras, así como la indiferencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante su encarcelamiento.
El Frente Mexiquense representa legalmente a cientos de familias defraudadas por fraccionadoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare y Promotora Integrales de Viviendas, y defiende las viviendas de invasores y revendedores. Pérez Espinoza fue detenido el 4 de noviembre de este año al finalizar una conferencia de prensa en la que anunció que emprendería acciones legales contra altos funcionarios mexiquenses y denunció la complicidad de políticos priistas con las empresas defraudadoras. Fue acusado de robo a casa-habitación.
De acuerdo con el activista, el acoso contra él, su familia y los integrantes de su organización se debe a sus triunfos jurídicos, «en donde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido y emitido dos resoluciones de conciliación en donde concluye que se violaron los derechos humanos de los integrantes del Frente Mexiquense, porque Sociedad Hipotecaria Federal y la Procuraduría General de la República no respetaron el derecho ha la vivienda digna y decorosa», acusó en una misiva pública.
Los litigios ganados por la organización se han dado no sólo en el Estado de México, sino también en el Distrito Federal, en Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua, y han emprendido acciones penales contra Urbi Desarrollos Urbanos en las que ha logrado que se aseguren más de 6 mil viviendas, detalló el dirigente preso. Acusó que la Procuraduría de Justicia del Estado de México protege a las empresas constructoras.
En la misiva, dirigida a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, el activista solicitó que se investigue su «detención ilegal y la privación ilegal de la libertad que estoy viviendo» con base en un expediente «fabricado» por autoridades estatales. Agregó que la CNDH se ha negado a investigar las violaciones a sus derechos humanos y la persecusión contra su familia.
El dirigente insistió en que su encarcelamiento -ejecutado presuntamente por elementos de la Marina Armada de México vestidos de civil- tiene el objetivo de facilitar la toma de la presidencia municipal de Tecámac a Aarón Urbina Bedolla «por cuarta ocasión, y así construir aproximadamente 50 mil viviendas más y beneficiar a la constructora que había defraudado a miles de familias».
Pérez Espinoza informó también que mujeres intergantes de su organización han sido objeto de secuestros y ataques de naturaleza sexual que no han sido investigados, y solicitó que la senadora De la Peña gestione una audiencia ante la CNDH para tratar el caso.