* A cuatro años, las muertes de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría y la tortura de Gerardo Torres no han sido investigadas.
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2015. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados durante un operativo policial en diciembre de 2011 en la Autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de investigación y sanción de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas ese día.
La denuncia es acompañada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón – ambas integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos-, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los peticionarios solicitaron a la CIDH que declare la admisibilidad de la petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
El 12 de diciembre de 2011, agentes policiales estatales y federales desalojaron de manera violenta una manifestación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sobre la Autopista del Sol. Dos estudiantes normalistas fueron ejecutados extrajudicialmente, Jorge Alexis y Gabriel, tres más fueron heridos por impactos de proyectil de arma de fuego; al menos 24 personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad y un estudiante, Gerardo Torres, fue torturado. A cuatro años y a pesar de la existencia de pruebas, las violaciones permanecen en impunidad y el Estado mexicano no ha adoptado medidas para garantizar que hechos similares no se repitan.
«Las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa en 2011 es un caso ilustrativo de cómo la impunidad alienta a que las violaciones se multipliquen. Si estos hechos hubieran sido diligentemente investigados, sancionados y medidas de no repetición implementadas, sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y quizá no se hubiera detonado la tragedia de esa noche con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de Julio César Ramírez, Julio César Mondragón y Daniel Solís», afirmaron las organizaciones en un comunicado.
Las familias y las organizaciones consideraron que la admisión y evaluación de esta denuncia puede contribuir con los cambios estructurales que el Estado mexicano necesita en cuanto a la labor de sus fuerzas del orden y el respeto por los derechos humanos.