* Sonora, Oaxaca y el Estado de México, con el mayor número de casos, informa CEMDA.
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2015. Las agresiones contra defensores ambientales aumentaron de 87 casos a 109 en el periodo mayo de 2014- junio de 2015, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su Segundo Informe Anual sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales.
«El registro que ha llevado el CEMDA desde 2010 ha permitido identificar una tendencia creciente en esta problemática, toda vez que en el año 2010 se registraron 10 ataques, en 2011 se registraron 16, en 2012, 23 ataques, para el 2013 se contabilizaron 53 ataques y durante el 2014 el registro aumentó a 87 casos«, describió la organización ambiental.
El informe establece que el estado con mayor número de casos es Sonora, con 16 agresiones; le sigue Oaxaca, con 13 casos, y el Estado de México con 12; Guerrero, con 9 casos; Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla, con 8 casos cada uno; el Distrito Federal, con 6, y Morelos, con 5 casos; Veracruz con 4 casos; Sinaloa, con 3 casos; Michoacán, con 2 casos; Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala con 1 caso.
Los datos recabados señalan que, de los 109 ataques registrados, 130 personas fueron objeto de un tipo de ataque; 21 casos de ataques fueron dirigidos a la comunidad y 17 casos contra Organizaciones No Gubernamentales. Las personas defensoras víctimas de un ataque son principalmente líderes comunitarios y de grupos que manifestaron en diversos momentos su oposición a megaproyectos, destaca el informe.
En lo que se refiere a la clasificación del ataque, 27 casos fueron por proyectos de agua, 16 hidroeléctricos, 13 en proyectos mineros, 11 inmobiliarios, 10 casos en temas de despojo de tierra, 8 en proyectos eólicos, 7 de infraestructura (principalmente carreteras), 5 en actividades relacionadas con hidrocarburos, 4 casos donde la reclamación es meramente ambiental, 3 sobre proyectos turísticos, 2 sobre contaminación, 2 sobre proyectos forestales y uno sobre una termoeléctrica.
En cuanto al tipo de agresión, se identificaron 75 amenazas (personales, telefónicas o electrónicas), 25 agresiones físicas (personales o en grupo), 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales (durante manifestaciones o en la vía pública), 11 asesinatos, 3 casos de difamación hacia ONGs y 2 casos de uso indebido de la fuerza. El informe destaca que un tema preocupante es la persistencia de la criminalización de los defensores ambientales.
En cuanto al tipo de agresor, de los 109 registros de ataques a defensores ambientales, en 49 casos el autor es no identificado, en 37 el o los ataques fueron ejecutados por personas identificadas como autoridades, en 13 casos por miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor del proyecto), en 7 casos los autores fueron identificados como personas relacionadas con la empresa promovente del proyecto y por último, en 3 casos el agresor fue identificado como personas ligadas a la delincuencia.
Entre las principales recomendaciones que se desprenden del Informe se encuentran: Evitar la aprobación de proyectos de desarrollo sin el respeto y garantía de los derechos humanos de las comunidades afectadas y suspender dichos proyectos cuando existan evidencias de ataques en contra de un defensor ambiental; realizar las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer los riesgos y desafíos existentes; implementar acciones adecuadas, eficaces y oportunas de prevención; mejorar el funcionamiento y alcance del Mecanismo de la Secretaría de Gobernación, como el hecho de que éste debería actuar de oficio cuando se entera por nota periodista de la existencia de un ataque en contra de los defensores ambientales; destinar los recursos humanos y económicos necesarios y con los perfiles adecuados para desempeñar sus funciones y, finalmente, hacer un reconocimiento por parte del Estado mexicano hacia las personas defensoras ambientales, y garantizar el libre ejercicio de su trabajo.