Sin duda no faltarán las alusiones gubernamentales al Día Internacional de la Mujer; sin embargo, más allá de las declaraciones es necesario señalar que no hay en el Estado mexicano compromiso con los derechos de las mujeres. Persisten en el país la exclusión, la discriminación y las agresiones contra ellas. Tal constatación surge de la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) en el acompañamiento, denuncia y defensa de dos casos que evidencian lo señalado: la falta de compromiso para hacer efectivos los derechos de las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el Operativo Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006 y la injusta sentencia contra las presas de conciencia Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de realizar un secuestro que jamás existió.
Mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco
Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de 2006, las mujeres no han obtenido justicia integral a pesar de que ya han transcurrido casi cuatro años de los hechos.
A la fecha, pese a que la tortura ha sido debidamente documentada y probada, la situación jurídica de las mujeres denunciantes se caracteriza por el hecho de que no se ha procesado a ninguno de los responsables. En 2009 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) recibió el expediente completo del caso Atenco después de que la Fiscalía especializada en delitos violentos contra las mujeres y trata de personas determinara, lamentablemente, no seguir investigando y declinar su competencia.
Hay en el expediente pruebas suficientes sobre la comisión del delito de tortura sexual, se incluye también en el documento los nombres de 34 agentes como probables responsables. Sin embargo el titular de la PGJEM señaló que había la posibilidad de que las víctimas fueran llamadas a comparecer y expresó su convicción de que el expediente no sería consignado por «falta de elementos». El Centro Prodh ha señalado que esto es inadmisible y constituye una prueba más de la falta de condiciones para el acceso a la justicia en México.
Al mismo tiempo que reconocemos la solidaridad de personas de diversas partes del mundo que han enviado cartas (más de diez mil) a las mujeres denunciantes señalamos que el caso continúa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se busca así obligar al Estado mexicano a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; algo que no ha hecho debido a la impunidad que lo distingue.
Alberta Alcántara y Teresa González
El 19 de febrero el juez Rodolfo Pedraza impuso una pena de 21 años de prisión por un delito inexistente a Alberta y Teresa, mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Se les acusa de haber secuestrado a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) el 26 de marzo de 2006.
Ante la sentencia ambas mujeres presentaron la apelación que será resuelta en los próximos meses por el magistrado Hanz Eduardo López quien ya conoce ampliamente el caso: en 2006 confirmó el auto de formal prisión y en abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento.
La sentencia injusta dictada por el juez Pedraza confirma que la vulnerabilidad de las mujeres ante el sistema de justicia es provocada de manera sistemática: se discrimina constantemente a las mujeres por su condición de género, situación que se agrava por la feminización de la pobreza en nuestro país y por la exclusión de las personas en razón de su condición étnica. A esto se agrega el uso faccioso del sistema de justicia para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden digna y legítimamente sus derechos. El Estado al castigar a las dos mujeres abusa de ellas al emplearlas para lastimar a una comunidad indígena que reivindicó sus derechos ante los abusos que pretendían cometer los agentes de la AFI.
* * *
Con base en los dos casos arriba indicados reiteramos nuestras denuncias y exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Mantenemos claras nuestras exigencias: la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura sexual, incluyendo los altos mandos y garantizar medidas de no repetición en el caso Atenco y las continuas violaciones a los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González, entre ellas el desconocimiento del principio de presunción de inocencia.