* Exigen la libertad de Cemeí Verdía y la desmilitarización de la zona Costa de Michoacán.
Ciudad de México, 03 de diciembre de 2015. Desde el día primero de diciembre, la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, tomó la carretera federal número 200 y un grupo de 250 comuneros se trasladó a Morelia con el fin de exigir la libertad del comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía, detenido desde agosto de este año. Los comuneros advirtieron que sus acciones irán escalando sino se da respuesta satisfactoria a sus demandas.
Los nahuas denunciaron también la grave situación de inseguridad en la zona, pues sigue actuando el cartel de los Caballeros Templarios «con la complicidad de funcionarios de gobierno corrompidos, y contrastantemente su lugarteniente en la región, el ex presidente municipal Juan Hernández, está libre después de que había sido detenido y sujeto a proceso por haber organizado los atentados en los que han querido privar de su vida al compañero Cemeí Verdía».
La lucha por la reconstitución del territorio de Ostula comenzó en 1964, cuando le fueron reconocidas sus tierras ancestrales por medio de una resolución presidencial, pero por fallas técnicas en los planos, los pequeños propietarios de La Placita comenzaron a invadir porciones del lugar, tanto para cultivos de papaya, mango y tamarindo, como para fraccionar y vender lotes. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.
El 29 de junio de 2009, después de un litigio judicial que aún no se resuelve y de mediaciones de la autoridad que siempre beneficiaron a los invasores mestizos, la comunidad decidió retomar la totalidad de su territorio, que alcanza las 28 mil hectáreas. Reocuparon el paraje La Canguancera (invadido por seis pequeños propietarios de La Placita) y fundaron el poblado de Xayakalan. En esa misma fecha quedó constituida su Policía Comunitaria, con el objetivo de defender el territorio. Apenas un par de semanas antes, el Congreso Nacional Indígena emitió el Manifiesto de Ostula, enarbolando el derecho a la autodefensa de las comunidades para la protección de su territorio.
En estas tierras indígenas se cruzan intereses mineros (sobre todo de minas de hierro, de gran pureza en esta zona); de trasiego de todo tipo de mercancías, por su posición estratégica; de extracción de recursos naturales y de explotación de playas y paisajes. Desde años atrás, se convirtió en un punto de mayor importancia para el crimen organizado.
La respuesta a la organización de los comuneros fue contundente: comenzó una ola de asesinatos y desapariciones que alcanzó la cúspide en 2011, año en que Ostula se negó a participar en las elecciones oficiales y fueron ejecutados Trinidad de la Cruz, jefe de la guardia comunitaria, Crisóforo Sánchez Reyes y Teódulo Santos, uno de los principales promotores de la recuperación de tierras.
La comunidad logró reconstituir su territorio y rearmar su policía comunitaria, que ha sufrido ataques en distintas ocasiones, incluyendo la incursión policial-militar que causó la muerte del niño Hidelberto Reyes y la aprehensión de Cemeí Verdía.
Los habitantes de Ostula siguen exigiendo a las autoridades que se detenga a las cabezas de los Caballeros Templarios en la región, que se castigue a los asesinos del niño Hidelberto y que se garantice el funcionamiento de los grupos de autodefensas de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.