* Realizan foro de denuncia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2015. «Espero que paguen los culpables y que se haga la reparación del daño emocional porque no es fácil lo que se ha pasado aquí», sostuvo Cristel Piña Jasso, joven sobreviviente de tortura sexual a manos de agentes estatales de Chihuahua, durante el Foro Contra la Tortura Sexual realizado ayer en Ciudad Juárez.
Cristel ha pasado más de dos años en prisión acusada de una extorsión que no le pudieron comprobar. Fue torturada sexualmente para que aceptara incriminarse y ella y su familia fueron acosados para que no denunciara las vejaciones. Actualmente, hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Chihuahua sobre su caso y la juez responsable dio vista al Ministerio Público Federal de los actos de tortura. Cristel y su familia -incluyendo a sus dos pequeños hijos, de 7 y 3 años de edad- esperan su liberación para inicios de diciembre. «Espero que paguen los culpables y que se haga la reparación del daño emocional porque no es fácil lo que se ha pasado aquí», sostuvo en un video testimonio.
El foro contó con la participación de las sobreviventes de Atenco, quienes presentaron la campaña «Rompiendo el Silencio: todas juntas contra la tortura sexual». Bárbara Italia Méndez destacó que la experiencia de la tortura es avasalladora y devastadora, y la campaña fue una apuesta por encontrar interlocutores ante la soledad, el estigma y el miedo. «El Estado, los perpetradores, cuentan con nuestro silencio. Nos usan como vehículo de un mensjae aterrador y quieren que callemos», explicó.
Norma Jiménez destacó que la tortura sexual es parte de una estrategia de control social y que, ante ello, la campaña busca romper el círculo de aislamiento e impunidad.
Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, resaltó que la tortura sexual persigue la cosificación de las víctimas y es una violación a los derechos humanos múltiple y compleja que abarca tortura, violencia contra mujeres y violencia sexual. «Se deriva de una cultura de dominación contra las mujeres, aspira a dar una lección y la víctima suele estar bajo el completo poder del agente del Estado», describió.
Stephanie Erin Brewer, del Centro Prodh, sostuvo que en Chihuahua las cifras de tortura son alarmantes, y que esta violación se mueve en un espacio de enorme impunidad. Destacó también que la Procuraduría General de la República investiga este crimen bajo un documento que llaman Protocolo de Estambul pero que no lo es, y que es utilizado más bien para fabricar delitos y ocultar la tortura. Destacó que para las mujeres, los actos de tortura y sus impactos son diferentes.
Socorro Espinosa, de la defensa de Cristel Piña -quien fue declarada absuelta pero sigue en prisión-, recordó que la tortura sexual se basa en la discriminación de género y que se necesita tiempo para que se reparen los daños que ésta causa. Como sociedad «se tiene que obligar al Estado a investigar, enjuiciar y castigar a autoridades que cometen tortura sexual», declaró.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, reconoció que hay vivencias de la tortura sexual que no son enunciables desde el derecho o la sicología. Señaló que un hilo conductor de los casos es la impunidad y que el Estado tiene deber de debida diligencia reforzado por la discriminación estructural y la tolerancia social a la violencia contra mujeres. Lamentó que hay contenidos contra la tortura sexual ya ganados en una sentencia interamericana y en tesis de la Suprena Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no son aún una realidad.
Entre las recomendaciones que se hicieron para atacar este mal se encuentran: suprimir las detenciones arbitrarias, incluyendo interpretar restrictivamente la flagrancia; garantizar que confesiones obtenidos bajo tortura no sean utilizados como prueba; y tipificar la tortura de acuerdo con instrumentos internacionales y respetar salvaguardas fundamentales para detenidos.