* Faltan transparencia en el proceso y garantías de independencia de los candidatos, señalan organizaciones de la sociedad civil.
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2015. Una decena de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación frente a las deficiencias del proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en curso, entre ellas la falta de transparencia en elproceso y la ausencia de garantías de que los candidatos sean independientes de los pdoeres políticos.
En la conferencia de prensa celebrada ayer, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, consideró que “una democracia exige proteger principios fundamentales entre los que se encuentra la división de poderes”, lo que implica un poder judicial independiente, imparcial y autónomo. «Si no se logra que los mejores y más independientes abogados lleguen a la Corte, se pierde la esencia de la democracia: la independencia judicial”, abundó.
El procedimiento comienza con la elección de ternas por parte del Presidente de la República y esta elección suele recaer entre personas cercanas a él y a sus consejeros jurídicos, acusaron las organizaciones Artículo 19, Borde Jurídico, el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Designaciones Públicas, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Gire, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y México Evalúa.
En esta ocasión, el Ejecutivo Federal envió al Senado, el 13 de noviembre pasado, dos listas con tres nombres de juristas aspirantes a convertirse en ministros del tribunal de más alto rango en el país, pero de acuerdo con las organizaciones, al abstenerse de justificar sus propuestas, el Presidente mostró que la elección de aspirantes carece de criterios objetivos y preestablecidos.
Los senadores están a cargo de la segunda parte del proceso, en la que hacen comparecer a los candidatos y votan entre ellos. Sin embargo, cada vez que se presenta una vacante en la Suprema Corte, los legisladores establecen el procedimiento y los tiempos que van a utilizar para llevar a cabo estas tareas, a partir de acuerdos parlamentarios que se crean y modifican sin restricción alguna, denunciaron las organizaciones. Así sucedió la semana pasada cuando la Mesa Directiva del Senado aprobó un acuerdo para la designación de ministros que modificó tan sólo un día después, adelantando con ello la comparecencia de aspirantes para hoy 24 de noviembre en lugar de que ésta se llevara a cabo a principios de diciembre, como estaba originalmente previsto.
Miembros de las organizaciones coincidieron que los procedimientos para la evaluación de aspirantes que adoptó la Comisión de Justicia del Senado representan un avance. El proceso de la Comisión de Justicia, estimaron los ponentes, responde a lo discutido en un Foro convocado por los senadores Yunes y De la Peña en dónde organizaciones de la sociedad civil y académicos discutieron las deficiencias del proceso de designación de ministros el pasado 11 de noviembre, tres días antes de que el Senado recibiera las ternas. Pero la actuación de la Mesa Directiva de la Cámara alta el pasado jueves pone en evidencia la fragilidad de los avances ya que la Mesa puede llegar a imponer un proceso menos exigente y más expedito.
“Las comparecencias ante la Comisión de Justicia es lo que más debemos proteger”, subrayó Iván García Gárate, profesor de derecho e investigador asociado de Borde Jurídico. “Cualquier acuerdo de la Mesa Directiva para restringir la amplitud y profundidad de estas comparecencias es un límite a nuestro derecho a contar con jueces imparciales”.
“Es fundamental que el proceso sea estable y transparente para que proporcione certeza a la sociedad en cuyo interés se da el nombramiento”, expresó Ana Dulce Aguilar, Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal. “La emisión de múltiples acuerdos por parte de la Mesa Directiva deja en entredicho el cumplimiento de esta obligación democrática pues arroja dudas sobre el verdadero efecto del procedimiento publicado por acuerdo de la Comisión de Justicia”.
Los ponentes enfatizaron la necesidad de que los senadores sean verdaderos evaluadores y vayan más allá de ratificar a candidatos que se muestran como los candidatos favoritos de la Presidencia. Las organizaciones insistieron en que el Senado está obligado a interpretar los requisitos constitucionales que aplican a la designación de ministros de una forma amplia y conforme a los más altos estándares internacionales, de tal modo que no se limiten a tramitar una elección de ‘los menos malos’, sino que se aseguren de elegir a quienes por su perfil y experiencia previa estarán exentos de incurrir en impedimentos por conflicto de interés, falta de compromiso con una cultura de la legalidad y los derechos humanos o presunción de falta de imparcialidad.
La falta de una ley reglamentaria que exija que los aspirantes a ministros sean seleccionados bajo criterios objetivos preestablecidos es la razón de fondo de la incertidumbre del actual proceso, apuntaron las organizaciones. “Necesitamos que el proceso quede en una ley. Y que este nuevo proceso nos ayude a corregir las deficiencias del actual sistema de designaciones”, estimó Layda Negrete, Coordinadora del proyecto de calidad de justicia de México Evalúa. “Lamentamos también que el presidente haya decidido dejar pasar la oportunidad de mandar dos ternas de mujeres, hay juristas talentosas en todo el país y si éstas no están como aspirantes a ministras en esta ocasión, es porque el Ejecutivo prefirió no ampliar la diversidad en nuestro más alto tribunal”, agregó la investigadora.