* La ausencia de los cuerpos de seguridad para prevenir y contener los hechos de violencia es atroz por su ineficacia y falta de coordinación.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 17 de noviembre de 2015. En las últimas semanas la espiral de la violencia ha crecido de manera exponencial en las principales cabeceras municipales y estos últimos días en municipios de la zona centro del estado. La gravedad del caso es que la población ha sido rehén de las bandas del crimen organizado que han asentado sus reales en lugares donde prevalece la producción de enervantes, reservas boscosas y concesiones mineras. En el cinturón minero de Guerrero, que se ubica en las regiones de la Tierra Caliente, zona Norte y Centro se han afianzado las empresas del crimen que han tomado el control de las principales actividades económicas y se han dado el lujo de tener bajo su control varias presidencias municipales. El caso más reciente es el de Cocula, con la detención del presidente municipal.
Si hiciéramos un recuento de los hechos de violencia que se han suscitado en este 2005 en el estado tendríamos una estadística marcada con números rojos y con sangre esparcida por los 81 municipios, principalmente Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, San Miguel Totolapan, Tierra Colorada y Taxco. En estas regiones, después de los trágicos hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, la situación de violencia e inseguridad empeoró. Las desapariciones se siguen multiplicando, los asesinatos se han acrecentado y el poder destructor de los grupos criminales ha logrado imponerse por encima de cualquier corporación policiaca o militar, por su capacidad de cooptación y corrupción.
No solo es Iguala el único municipio donde el gobierno federal reconoce que se infiltró el crimen organizado, sino en la mayoría de municipios de la región norte. En la Tierra Caliente, que está en permanente disputa con los grupos de Michoacán, la totalidad de estos municipios están supeditados al poder fáctico del crimen organizado. Buen número de municipios de la región Centro, sobre todo los que están volcados hacia la Sierra, se encuentran en una lucha intestina por el control de las plazas. Acapulco enfrenta una disputa feroz por el control del puerto, donde las organizaciones criminales se han logrado infiltrar en los grupos policiales que ahora forman parte de esta disputa a muerte. La Costa Grande se encuentra atenazada por bandas del crimen que han extendido su poder provenientes de Michoacán y Jalisco para pelear con las organizaciones criminales locales. En la Costa Chica ha salido a relucir esta conflictividad delincuencial con los asesinatos de 12 personas en un palenque en Cuajinicuilapa. La Montaña se mantiene en un nivel medio en cuanto a los hechos de violencia provocados por los grupos de la delincuencia organizada que están expandiéndose de la zona centro.
La llegada del nuevo gobernador y el anuncio del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio, sobre su nueva estrategia de seguridad en nada afectó a las bandas del crimen organizado, por el contrario, fue una coyuntura propicia para los reacomodos y para pelear por la recuperación de los territorios arrebatados. Para ellos el nombramiento de un general como el nuevo responsable de la estrategia de seguridad en el estado no es novedad. Saben muy bien que en Guerrero el Ejército tiene una forma diferenciada de operar la guerra contra las drogas y la guerra contra los movimientos insurgentes. Su experiencia en este trajín les dice que la fuerza del Ejército se concentra en la persecución y desmantelamiento de los grupos guerrilleros u organizaciones que subvierten el orden del sistema. Conocen cómo realizan los operativos contra la delincuencia. De antemano les llega la información sobre cuándo y cómo se desplegarán. Con suma facilidad se escabullen y se ponen fuera de su radio de acción. Con los años de aprendizaje han sabido mantener una connivencia que se expresa en los códigos secretos de la no agresión.
Los tres últimos presidentes de la república han implementado diferentes planes bélicos para combatir a la delincuencia sin que hayan logrado revertir los índices delincuenciales. Para la población se trata de meras acciones espectaculares que no pasan de la costera de Acapulco. Además de onerosos son infectivos y opacos, porque nunca entregan resultados ni cuentas claras. El hermetismo con el que manejan sus operativos despiertan suspicacia y desconfianza entre la población porque no hay manera de saber si están actuando con transparencia y cumpliendo con su mandato. Lo que la gente de a pie que es víctima de sus abusos cree que más bien su presencia es para proteger los intereses macrodelincuenciales donde convergen los intereses de los grandes políticos y las elites económicas con las empresas del crimen organizado.
En lugar de que la población sienta que el ambiente se distiende con estos planes bélicos, experimenta una mayor inseguridad y miedo. Constata más bien que el uso de la fuerza se utiliza contra los movimientos que protestan y que increpan al poder. La reciente agresión a los estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron brutalmente golpeados por los policías del estado, responde a este esquema de terror, para desmovilizar a la población y someterla a la lógica de la guerra. En contrapartida vemos cómo los grupos de la delincuencia gozan de total impunidad, porque no son perseguidos ni molestados en sus acciones delincuenciales.
La que impera en el ambiente de la Sierra es la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con las mafias del crimen. Están muy alejadas de la lucha de los pueblos y ven que su preocupación se centra en el hecho de que varias comunidades hayan decidido formar su policía comunitaria, para auto protegerse de los grupos delincuenciales y de esta manera recuperar el control de su territorio. Esta postura de los pueblos es la que no toleran las autoridades militares ni civiles. Para ellas, la conformación de policías comunitarios son factores de riesgo, porque les implica una amenaza para el estatus quo del gobierno. No les preocupa cómo brindarles seguridad a los pobladores que son pobres y que han sido rehenes de las bandas del narcotráfico que los obliga a enrolarse a sus filas como productores de amapola, cooptando a los más jóvenes para que formen parte del sicariato. Les interesa más desactivar su organización, impedir que los pueblos de la sierra se levanten para garantizarse seguridad y para hacer valer sus derechos ante la ineficacia de las autoridades y su complicidad con lo que delinquen.
Este lunes los hombres y mujeres de la sierra hicieron sentir su fuerza ante las autoridades del estado. En plena capital vinieron a demandar al gobierno que dejen de confabularse con los grupos delincuenciales y que respeten su organización como pueblos. Hicieron pública su desconfianza en las corporaciones policiales del estado y del mismo Ejército, porque tienen elementos para decir que sus actuaciones no están para garantizar seguridad a la población sino para destruir su organización policial, porque quieren mantener de rodillas y en la pobreza a los pueblos. Se empeñan en mantener condiciones de semiesclavitud con los grupos de la delincuencia organizada que tienen azolada la región serrana. Son los pueblos y la gente del campo las que de nueva cuenta tienen que salir de su entorno para venir a la capital del estado y gritar que pare este desgobierno impuesto por el crimen organizado y se acabe este estado de violencia.
*Artículo de opinión de Tlachinollan. Para leer la versión completa, de click aquí.