Organizaciones y familiares de víctimas exigen más presupuesto para búsqueda de desaparecidos

* La repartición de recursos muestra que «las víctimas siguen siendo consideradas daños colaterales» para el gobierno, denuncian. 

Búsqueda de desaparecidos - Agencia Reforma
Búsqueda de desaparecidos – Agencia Reforma

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2015. Decenas de organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de derechos humanos cuestionaron que mientras la problemática de la desaparición de personas se agrava, los recursos para la Fiscalía (antes Unidad) Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas se redujo “inexplicablemente”, y pidieron que se amplíe el presupuesto para búsqueda “para que México garantice el derecho a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de desaparición”.

Las organizaciones, agrupadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, llamaron al Congreso de la Unión a aumentar el presupuesto y “tomar decisiones a la altura de la crisis de violaciones a los derechos humanos, que permitan fortalecer las respuestas institucionales para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Los y las diputadas federales tienen en sus manos tomar las medidas que conduzcan a superar la impunidad y establecer el paradero de las personas desaparecidas, o perpetuar la incertidumbre y el dolor de los y las familiares, y de la sociedad en su conjunto”.

La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) fue creada por el entonces procurador federal Jesús Murillo Karam en junio del año 2013. A pesar de que la problemática de la desaparición de personas en el país se agravó durante el año 2014, los recursos se redujeron y el desempeño de la Unidad “ha estado muy por debajo de las necesidades para la búsqueda e investigación adecuadas”, lamentaron las familias. “Por ejemplo, en septiembre de 2015 dicha Unidad contaba con 29 Ministerios Públicos, 48 policías federales ministeriales adscritos y 3 vehículos, para la búsqueda e investigación de alrededor de 700 casos de personas desaparecidas, de tal forma que cada Ministerio Público tenía a su cargo entre 28 y 30 averiguaciones”.

El 9 de octubre de 2015, la Procuradora General de la República Arely Gómez creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “A pesar del cambio de nombre, la recién creada Fiscalía cuenta con recursos incluso inferiores a los que tenía la UEBPD, puesto que cuenta con 21 Agentes del Ministerio Público Federal, pero las Averiguaciones Previas ascienden a más de mil”, señaló el Movimiento, que consideró preocupante la reducción del presupuesto en 34% respecto al año 2014.

“Esta tendencia contraviene las recomendaciones de las que México ha sido objeto en materia de desaparición forzada de personas tanto por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (2015) como del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (2011, 2015)”, explicó.

Las organizaciones también resaltaron que a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada se le asignó un monto 22 veces superior al de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “lo cual indica que a pesar de que el discurso oficial ha cambiado, la prioridad del gobierno federal sigue siendo el combate a la delincuencia organizada, mientras las víctimas siguen siendo consideradas daños colaterales”, detallaron.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y organizaciones acompañantes hicieron un llamado al Congreso de la Unión a que realice una ampliación del presupuesto para la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de 28 114 011 a 140 570 055 millones de pesos, “de tal forma que dicha instancia pueda empezar a construir las condiciones mínimas necesarias para encontrar a nuestros seres queridos. Es decir, contar con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para la búsqueda en vida de nuestros familiares, así como para la exhumación e identificación de los restos de personas encontradas en fosas comunes y clandestinas, cuyas familias reclaman y tienen derecho a enterrarlas dignamente”.