* Resaltan la importancia de la instancia civil de seguimiento.
Ciudad de México, 11 de noviembre de 2015. Más de 40 intelectuales y decenas de organizaciones de derechos humanos anunciaron ayer que se suman a la plataforma civil de seguimiento al multihomicidio de la colonia Narvarte, pues «ante la falta de esclarecimiento total de los hechos, las personas y organizaciones abajo firmantes consideramos urgente que el Gobierno del Distrito Federal rinda cuentas ante la sociedad por las carencias en la investigación», sostuvieron.
La plataforma de seguimiento al caso está conformada por Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Blanche Petrich, Miguel Álvarez, Javier Garza y Juan Pablo Albán, y es una instancia civil e independiente que surgió a petición de los familiares de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín, cuatro de las cinco víctimas del ataque del 31 de julio, y por invitación de las organizaciones que legalmente las representan. El grupo decidió conformar la plataforma para fortalecer las acciones de los familiares y establecer un canal de comunicación con las autoridades con la finalidad de brindar una mirada externa a la investigación y procesamiento judicial que se sigue en el caso, aunque aclararon que «no somos una instancia técnica, ni suplimos el papel de ninguno de los actores involucrados y responsables en este caso».
Los intelectuales y grupos de apoyo a la plataforma, entre los que se encuentran el escritor Juan Villoro y la analista Maité Azuela, indicaron que preocupa que tanto las víctimas como ARTICLE 19, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México –organizaciones coadyuvantes- sigan enfrentando complicaciones para catalizar las investigaciones. Sostuvieron que la plataforma «es un gran esfuerzo cívico para generar mecanismos novedosos que coadyuven en el esclarecimiento del caso y el cual impulsaremos para que se le permita cumplir con su objetivo primordial».
«En los últimos días, la PGJDF se ha negado a integrar y desahogar pruebas que permiten agotar las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y la defensa de derechos humanos de Nadia Vera. De la misma manera, sostiene una versión de los hechos que apunta al narcomenudeo y el robo como causa de los crímenes y niega la participación de más personas; sin que ello encuentre un correlato en las pruebas que integran la averiguación previa. Todo lo anterior abona a una crisis en materia de procuración de justicia que evidentemente alcanza al Distrito Federal y socava la vigencia del Estado Democrático de Derecho», describieron.