* PGR no les informó de nueva declaración de militares; piden catear crematorios públicos y privados
Ciudad de México, 06 de noviembre de 2015. Con un retraso en el reinicio de la investigación, una nueva declaración de militares de la que no se les informó y diligencias solicitadas desde el periodo pasado que no se han realizado, inició el segundo periodo de trabajo del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa.
A dos meses de la presentación del Informe Ayotzinapa, y ya con un acuerdo firmado para continuar su colaboración técnica con el Estado mexicano, el Grupo dio a conocer en conferencia de prensa las características del trabajo que realizará en esta nueva etapa, los desafíos que está enfrentando y los avances que en estos dos meses se han dado. También resaltó las nuevas líneas de investigación; la importancia de que un nuevo equipo retome la investigación y los puntos de comunicación y relación con las víctimas que es necesario cuidar.
El GIEI informó que 10 militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, pero la PGR no proporcionó al Grupo ninguna información sobre la realización de estas diligencias, mientras que el 11 de septiembre dos militares ampliaron sus declaraciones. “El Grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos a dar”, puntualizó.
Los expertos informaron que el 5 de noviembre el expediente fue transferido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), y que las gestiones para reiniciar la investigación con el nuevo equipo han tenido un retraso ajeno a su voluntad, “lo que no ha permitido avanzar con la nueva unidad en el trabajo”.
En cuanto a la posibilidad, planteada por la PGR, de hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula, el GIEI precisó que no considera necesario dicho análisis porque la dinámica de fuego ya fue evaluada en el estudio realizado por José Torero, en el que se estableció la imposibilidad de que haya ocurrido en los tiempos y circunstancias señalados en la “verdad oficial”. “Sin embargo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, los criterios señalados por el GIEI para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto, además de que dio un listado de 9 expertos. Aún no se ha hecho el proceso de selección final de los expertos para participar”, aclararon. El Grupo aclaró que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) está realizando un peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas.
Para esta nueva fase de la investigación, el GIEI enfatizó la necesidad de completar las demandas de pruebas e informaciones solicitadas en los primeros seis meses y que no han sido aún proporcionadas. Recordó que entre las nuevas líneas de investigación propuestas a la PGR y que pueden dar datos clave se encuentran la investigación del 5º autobús como hipótesis del caso; la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados; la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones; la evaluación de nuevas evidencias científicas, y el procesamiento de las ya recogidas; la investigación sobre manejo y control información del C-4; la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes; la ampliación de la investigación financiera; la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas siguiendo los estándares internacionales, mediante el protocolo de Estambul; y la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.
Entre otras acciones, el GIEI propuso realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas, más allá de las fosas. En cuanto a éstas, reiteró la necesidad de hacer un mapa de fosas y utilizar tecnología adecuada, solicitud que realizó desde marzo y que consideró que se ve reforzada por los recientes hallazgos de restos humanos en Carrizalillo.
En relación con esto, la información sobre hornos crematorios en la región es considerada clave por el GIEI debido a la presencia de restos humanos quemados o cremados en la zona del basurero de Cocula y a las bolsas encontradas en el río San Juan.
El GIEI advirtió a la PGR del manejo inadecuado de la información pública sobre la supuesta identificación de Jhosivany de la Cruz y brindará los criterios que considera imprescindibles en los protocolos de comunicación.
Los expertos informaron de la valoración médica y segunda opinión del estado de salud de Aldo Gutiérrez y lamentó que la difusión de los resultados preliminares se hizo sin informar a los familiares, ni al GIEI.
El GIEI consideró que la realización de la segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón puede proporcionar nuevos elementos sobre el trato sufrido, causa de muerte y los traumatismos perimortem que no fueron evaluados en la primera autopsia.
En cuanto a la Ley de desaparición forzada, el Grupo señaló que en los próximos días enviará sus comentarios, “en los que insistirá en la necesidad de contar con un marco jurídico integral sobre la prevención, búsqueda, investigación, sanción, atención a las víctimas, reparación, derecho a la verdad, acceso a la información y garantías de no repetición”.
El acuerdo para la segunda etapa fue firmado el 19 de octubre de 2015, e incluye la constitución de un nuevo equipo de investigación de la PGR (debido a los déficits y omisiones del anterior), la profundización en la misma y el desarrollo de nuevas líneas de búsqueda, así como compromisos en la comunicación con las víctimas.