*La estrategia de seguridad anunciada por el gobierno federal y el nuevo gobernador se mantiene en la misma línea de quienes privilegian la fuerza.
Tlapa, Guerrero, 03 de noviembre de 2015. El neocorporativismo político del PRI guerrerense engalanó el Mundo Imperial mostrando todo su esplendor con la presencia de gobernadores, senadores, diputados federales y secretarios de estado. Hasta ahí llegaron los secretarios de la SEDENA y la SEMAR para encabezar la nueva estrategia de seguridad. Los líderes máximos del otrora partido oficial se mostraron orondos pensando en la próxima contienda presidencial. No podían faltar todas las huestes añejas que nos rememoran las clientelas sumisas del antiguo régimen.
El acarreo al acto del nuevo ungido fue a la usanza de los años idos; con amenazas de los líderes y con riguroso pase de lista en el punto de llegada. El control de los agremiados sigue siendo arcaico, férreo y oneroso. No hay otra alternativa que ceñirse a las órdenes y desplantes de los grillos mayores que ya gozan de prebendas y cuentan con padrinos políticos. La masa expectante de los acarreados se arremolinó en torno a los nuevos funcionarios del gabinete para extender su mano en busca de un saludo o forzar la toma de una foto para posteriores negociaciones.
En los registros fotográficos de la toma de protesta se plasmaron con nitidez los grupos políticos que defenderán y promoverán sus intereses dentro del nuevo gobierno. Las cuotas de poder quedaron bien delimitadas con los titulares de las principales secretarías: los renejuaristas, añorvistas, figueroístas y zeferinistas. Se reposicionaron los de la vieja camada caciquil que han medrado sus ingresos con el manejo faccioso de los recursos públicos. La nula rendición de cuentas y la total inmundicia con la que gobernaron llevaron a la ruina a un estado pujante y combativo. La clase política iletrada es la que con sus acciones sanguinarias y el uso recurrente de la fuerza policiaca y militar se ha encargado de revertir los avances democráticos. El feudo caciquil se mantiene incólume a pesar de las revueltas armadas y las luchas emancipatorias.
La algarabía de la clase política durante estos actos suntuosos contrastó con el desinterés, decepción y enojo de la sociedad guerrerense que de nueva cuenta corroboró cómo los cargos públicos siguen circunscritos a grupos de poder que por varias administraciones los han ostentado. Esta práctica endogámica del poder los ha trastornado porque viven desubicados, menosprecian a la población a la que se deben, no guardan el menor respeto a las personas que han sido víctimas de los abusos del poder. Las autoridades en lugar de asumir su responsabilidad por lo que ha sucedido en el pasado, se deslindan y se muestran ajenos ante los hechos delitos que cometieron las autoridades que los antecedieron. Tratan de hacer tabla rasa de su gobierno, cuando en realidad son corresponsables de todo el entramado delincuencial que se urdió en otros sexenios y que ahora los ciudadanos y ciudadanos tenemos que pagar hasta con la vida todas sus barbaridades.
Las crisis recurrentes que enfrentamos como un estado violento y pobre tienen como causa principal la corrupción y la impunidad de los gobernantes. Los delitos del pasado no pueden dejarse de lado pretendiendo gobernar como si en nuestro estado no existiera una herida abierta que sigue desangrándose. La indolencia con que actúan las autoridades ante la tragedia de Iguala, donde asesinaron a 6 personas, siendo 3 de ellos estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 43 desaparecidos, genera mayor crispación social, porque en lugar de colocarse del lado de las víctimas y de asumir las recomendaciones del Grupo de expertos Independientes de la CIDH, en los hechos se confabulan con los perpetradores. Cierran filas para que el Ejército no rinda cuentas por sus actuaciones en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La violencia y la inseguridad que padecemos de hace años no son realidades fortuitas, ni son problemas que se incuban de la noche a la mañana. Son cuestiones de fondo. Porque son fenómenos de larga duración que a lo largo del tiempo se enquistaron en las estructuras de poder donde lograron contar con la complicidad de las autoridades que delinquen dentro del aparato gubernamental. Estas actuaciones irresponsables, en las que los gobernantes se asumen como caciques o déspotas son las que han desquiciado a nuestro estado. Los políticos que han gobernado no solo han asumido una postura altanera y represiva sino que han mostrado su perfil malévolo al establecer acuerdos por debajo de la mesa con grupos delincuenciales. Han alentado la proliferación de empresas vinculadas con la economía criminal.
Por el hecho de sentirse intocables han permitido que en Guerrero impere la fuerza y la ley de quienes portan armas para cegar la vida de quienes luchan y sueñan con la justicia. La imagen de los gobernantes déspotas no es más que la expresión de los mandones intransigentes que no tolera la disidencia política y que se alebresta ante cualquier acción de protesta, actuando de forma visceral y cruenta. Este tipo de gobernantes que proliferan en el estado se tornan condescendiente con las organizaciones criminales con quienes manejan los mismos códigos de la violencia y la destrucción de los adversarios.
La coyuntura que vivimos es crucial para arribar a posibles cambios, sin embargo, se ciernen signos ominosos que parecen obnubilar más el ambiente de confrontación social. Las autoridades de Guerrero en lugar de allanar el camino y darle cauce a los reclamos de la sociedad, le dan la espalda a los familiares de las víctimas al desatender las recomendaciones que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos.
La presencia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro estado fue una señal clara sobre la preocupación que existe a nivel de la OEA de lo que está sucediendo en Guerrero. Las mismas cifras escalofriantes que se han publicado en los medios de comunicación, de que Guerrero cuenta con la tasa de asesinatos más alta en el país, (que es de 41.59 cuando a nivel nacional es de 10.45 casos), y de que Acapulco es uno de los municipios más violentos de México son un foco rojo que requiere del apoyo de la comunidad internacional.
Es lamentable que la primera acción anunciada por el nuevo Gobernador sea la remilitarización del estado. La nueva estrategia anticrimen no tiene nada de novedad para un estado que ha padecido por décadas los estragos de la militarización. Sobra decir que los programas que han promovido los presidentes de la republica han fracasado y más bien han agudizado la crisis de inseguridad aparejada con graves violaciones a los derechos humanos. En este modelo no se prioriza la seguridad ciudadana, sino la seguridad de las elites políticas y económicas. No se implementan acciones atendiendo las recomendaciones de la CIDH y de la ONU, sino que se sigue la línea dura que se ha impuesto en esta administración, de ampliar la presencia del Ejército donde hay mayor conflictividad social, para supuestamente garantizar la gobernabilidad, implementando una política de contención social y de criminalización de la protesta.
Los guerrerenses desde la Guerra Sucia sabemos lo que significa remilitarizar al estado y lo que representa colocar a militares al frente de la estrategia de seguridad al tomar el control de las instituciones civiles imponiendo una lógica guerrerista. Las consecuencias han sido fatales; una gran cauda de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y el gran imperio del poder represor que impide que los perpetradores sean investigados mucho menos castigados por sus atrocidades, como sucede con los militares que estuvieron informados y fueron coparticipes de lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 en Iguala.
Esta estrategia de seguridad anunciada con bombo y platillo por el gobierno federal y el nuevo gobernador Héctor Astudillo no se orienta hacia la ruta de los derechos humanos como plantean los organismos internacionales, sino que se mantiene en la misma línea de quienes privilegian la fuerza y prefieren mantener empuñado el fúsil para imponer sus reformas. Más que innovar y transformar la realidad de Guerrero se ha optado por reciclar la política y los políticos.
*Versión corta de un artículo de Tlachinollan. Para leer completo, da click aquí.