*Uno de cada tres asesinatos de comunicadores en América ocurrió en México, alerta CIDH.
Ciudad de México, 29 de octubre de 2015. En América, «la violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales», denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el «Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas».
Desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que se sucedían en su comunidad, de acuerdo con la CIDH, y uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total).
La CIDH alertó de que muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional, un fenómeno que no es nuevo. «Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales».
ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 88 periodistas en México por posible relación con su labor periodística; durante el actual mandato de EPN se han contabilizado 10, dos de éstos en Veracruz, entidad con mayor número de asesinatos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cifró en más de 700 los periodistas asesinados en la última década, uno cada cinco días, y señaló que sólo el 7% de esos casos se resuelve, mientras que en nueve de cada 10 ocasiones los autores no son condenados -cifra que ratificó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
«Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados», insistió la CIDH.