*Comunidades indígenas y organizaciones denuncian represión a quienes defienden la tierra.
Ciudad de México, 30 de octubre de 2015. Fabricación de delitos, golpes, privación de la libertad e incluso asesinato son las herramientas de los gobiernos mexiquenses para imponer proyectos y despojar a los pueblos indígenas de tierras y aguas, denunciaron comunidades y organizaciones de colonos y profesores del Estado de México en un foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Las comunidades nahuas de Coyotepec, Cahuacán y Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, así como profesores y colonos en resistencia ante las altas tarifas de energía eléctrica (articulados en «El Fuego de la Digna Resistencia») denunciaron que, aunque «siempre» ha habido represión en ese estado, ésta se incrementó en las últimas dos administraciones, encabezadas por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, quienes reponden a intereses empresariales, precisaron.
Las amenazas que se ciernen hoy sobre estos territorios son proyectos inmobiliarios que les despojarán del agua y en los que «sólo se beneficiarán los ricos» que habitarán y las empresas que construyen, denunciaron. Es el caso de San Francisco Magú, que cuenta con una administración autónoma del vital líquido y que se rige por usos y costumbres.
Por su parte, Xochicuautla lucha contra un decreto presidencial de expropiación de tierras para construir una autopista de pago que, después de que los comuneros ganaran todos los recursos legales contra la obra, lanzó el gobierno federal para legalizar el despojo. Los ñäthó recordaron que Xochicuautla suministra agua al sistema Cutzamala y lo mismo hacen otras comunidades de la región, por lo que la defensa de su tierra beneficia a miles de personas más.
En Cahuacán se lucha contra el plan de implementar un corredor industrial, centros comerciales y viviendas de lujo que despojarían de territorio a las comunidades; a uno de los líderes comunales, Jesús Cruz, se le fabricó una órden de aprehensión por robo y debe estar escondido.
En Coyotepec el problema por el agua empezó con el presidente municipal actual, que quiere controlar las únicas fuentes del líquido en el pueblo. Como éste es administrado por los habitantes, «ahora todos defienden», explicaron los pobladores, quienes recibieron una llamada en medio del foro para avisarles que una comunera fue golpeada y encerrada por agentes municipales. Aquí también se pretenden llevar al agua a nuevos desarrollos inmobiliarios, y los defensores comunitarios son presas de hostigamiento, golpes y privación ilegal de la libertad.
Otros casos penales sirven para golpear a líderes sociales de organizaciones de colonos, como el profesor Oscar Hernández Neri, fundador de escuela para excluidos y actualmente preso en el penal Molino de las Flores, acusado de homicidio en un caso construido a base de tortura y desoyendo los peritajes quelo exculpan.
A pesar de la represión, «vale la pena defender el territorio, agua y bosque, que es patrimonio de las comunidades y de mucha gente más», sentenció José Luis Fernández, representante de Xochicuautla. «Somos los verdaderos dueños de la tierra, nos han arrebatado lo nuestro pero unidos lo podemos recuperar», finalizó Trinidad Cruz, de Cahuacán.